Una de las cualidades excepcionales que más temprano que tarde habrá que reconocerle al presidente Luis Abinader en su calidad de estadista, es su apego al principio de la continuidad institucional del Estado.
El propio Abinader ha declarado más de una vez que desde el principio de su gestión renunció al “síndrome de Adán”, o la pretensión de hacerlo todo desde cero, a fin de darle continuidad a muchas obras importantes dejadas inconclusas por gobiernos anteriores.
Y así lo ha hecho a pesar de que en su primer quinquenio debió afrontar crisis coyunturales de atención prioritaria como la pandemia del Covid 19 y la paralización de la actividad productiva, el brutal encarecimiento de las materias primas importadas, la ingobernabilidad y la presión migratoria del vecino Haití, el incremento necesario de la deuda pública, el reflejo inevitable de sucesivos conflictos geopolíticos y los daños considerables de los huracanes Elsa, Fiona y Melissa.
La administración de Abinader no solo ha logrado salir adelante, sino también registrar un desempeño superior al de pasadas administraciones, aplicando políticas públicas de alto impacto inmediato en lo económico y lo social, como el fortalecimiento de los subsidios sociales, la creación de los gabinetes sectoriales, la descentralización territorial del gasto público, el relanzamiento oportuno y agresivo de sectores clave como el turismo, la aviación civil, la producción agropecuaria y el comercio; y apoyo preferencial a las Mipymes y las mujeres emprendedoras.
Estas iniciativas dieron como resultado casi inmediato la recuperación de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, la recuperación exponencial del turismo y la aviación civil, el incremento sostenido de la inversión extranjera directa, el aumento de las exportaciones, la reducción del PIB de la deuda, y avances extraordinarios en materia de políticas sociales como la universalización de la seguridad social, la ampliación de la cobertura hospitalaria y la atención sanitaria, la reducción de la pobreza monetaria, la reducción de la desigualdad social, la reducción de la mortalidad infantil, y aumento de la esperanza de vida de los dominicanos.
Y dos políticas públicas de especial impacto en la población de menores ingresos: El programa Nacional Transporte Escolar, totalmente gratuito, en beneficio directo de 2.1 millones de estudiantes matriculados en el sistema educativo preuniversitario; y el Plan Nacional de Titulación de Tierras, con la entrega gratuita de más de 162 mil certificados de títulos, hasta el mes de febrero del 2026, en beneficio de aproximadamente 500 mil personas, considerando el numero promedio de una familia dominicana.
Una mención especial merece la tan esperada justicia salarial para la clase trabajadora dominicana, al hacer posible, mediante acuerdo tripartito, la aplicación de 44 aumentos y ajustes de sueldos en beneficio de amplios sectores laborales, incluyendo al sector privado no sectorizado, turismo y zonas francas, médicos y maestros, policías y militares, trabajadoras domésticas, vigilantes privados y trabajadores del campo.
Desde la presa de Monte Grande hasta Ciudad Juan Bosch
Desde el inicio de su gestión el presidente Abinader incorporó a sus prioridades la continuidad y conclusión de proyectos estratégicos como la Presa de Monte Grande, iniciada en el 2009; el Acueducto Múltiple de Peravia, iniciado en el 2008; el Malecón de Nagua, iniciado en el 2009; el acueducto de Miches, iniciado en el 2009; la circunvalación de Azua, iniciada en el 2012; la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, iniciada en el 2013, la reconstrucción y ampliación del hospital regional San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, iniciado en el 2014; la transformación urbana de la ribera del Río Ozama a través del proyecto Nuevo Domingo Savio.
Igualmente, muchas obras viales comenzadas y no terminadas como la carretera turística Santiago-Puerto Plata, la carretera Hato Mayor-Sabana de La Mar y en todas las regiones del país, como parte de un extenso programa de mantenimiento vial, con más de 16 mil 137 km-carril de carreteras y caminos vecinales intervenidos, la rehabilitación de puentes y pasos a desnivel, y un plan de asfaltado de más de 2 mil kilómetros en más de mil puntos del territorio nacional,
Con la misma visión de continuidad, la administración del presidente Abinader también asumió la gran obra del Metro de Santo Domingo, con la ampliación de la línea Uno y la extensión de la Linea 2C de Los Alcarrizos, así como las nuevas líneas del teleférico de Los Alcarrizos, Santiago y el que conectará el kilómetro 9 de la Autopista Duarte con Buenos Aires de Herrera y Quita Sueño de Haina.
En este capítulo hay que destacar la que podría considerarse la obra cumbre del presidente Danilo Medina desde el punto de vista urbanístico y habitacional: La Ciudad Juan Bosch, que hasta el año 2020 contaba con 4 mil 600 viviendas y en los últimos cinco años ha sumado 10 mil 900 para un total de 15 mil 400 nuevas unidades habitacionales; además de la ampliación del acueducto, dos plantas de tratamiento y el monumental anfiteatro La Gaviota.
El eslabón perdido de las construcciones escolares
Las construcciones escolares, uno de los puntos luminosos de la gestión del presidente Medina, han representado, sin embargo, el principal escollo que ha encontrado la administración del presidente Abinader para mantener y acelerar el ritmo de continuidad en un sector clave para mejorar y ampliar la cobertura educativa del país, como se ha propuesto el actual mandatario, consecuente con su viejo y reiterado llamado de convertir la educación en una obsesión nacional.
Aunque en los primeros cinco años del presidente Abinader se lograron terminar 350 planteles educativos, correspondientes a 711 escuelas encontradas a medio talle en el año 2020, la mayor dificultad para avanzar en este proceso radicaba en el nudo legal que afectaba las obras contratadas en el pasado, según lo han explicado las autoridades.
Muchas obras se asignaron por concursos, otras grado a grado, y se pagaron partidas que incluían el 20 % de inicio, más cubicaciones. Docenas de obras no tenían diseño, tampoco presupuesto, otras estaban en solares al lado de lagunas, o cerca de industrias.
Para proceder con esas obras, afectadas por múltiples irregularidades y por violar el mandato de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, el Congreso tuvo que crear la Ley 118-21 y más adelante la ley 83 -24 para darle continuidad. Los casos incluyen 478 escuelas que no contaban con presupuestos y 96 obras contratadas y pagadas total o parcialmente pero que no tenían los terrenos donde debían construirse.
De hecho, el nudo legal asociado a las obras contratadas y asignadas con garantía financiera del pasado Gobierno, ha representado para la actual administración más de mil 768 millones de pesos en intereses que el Ministerio de Educación ha debido pagar para avanzar con las construcciones escolares.
El director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, ingeniero Roberto Herrera, informó recientemente que para este 2026 se proyecta la construcción de 2,300 aulas y llegar hasta las 7,000 en el 2028, a fin de terminar con el atraso y el déficit de plazas que históricamente arrastra el sistema educativo dominicano.
