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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- Supervisar los aportes de los simpatizantes y los gastos de campaña no es tarea fácil.
Más controles al financiamiento, ¡SÍ!
El presidente del PRM presentó al Congreso una propuesta de modificación a la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos con el objetivo de establecer mayores controles al financiamiento político en las campañas, entre otros controles y requisitos para los aspirantes a cargos de elección popular.
Supervisar los aportes de los simpatizantes y los gastos de campaña no es tarea fácil. Con la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos se creó un marco jurídico para regular el financiamiento público y privado, un sistema de supervisión y control, así como una limitación para recibir aportes individuales y para el gasto de campaña y precampaña para cada uno de los niveles de elección. Ocho años después de su aplicación es evidente que este instrumento ha resultado insuficiente. La falta de controles efectivos ha permitido que el dinero siga influyendo en las campañas electorales.
Recién promulgada la Ley 155-17 sobre lavados de activos, varias organizaciones de la sociedad civil e instituciones diversas solicitaron incluir a los Partidos Políticos como Sujetos Obligados, para que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos. Todo esto ocurrió previo a la aprobación de la Ley No. 33-18.
La propuesta presentada por el PRM se asemeja mucho a lo que establece la ley de lavado de activos, ya que propone formar un equipo que se encargará de implementar, supervisar y documentar el programa interno de cumplimiento para identificar los fondos, alertar sobre transacciones sospechosas como lo hacen los sujetos obligados según la ley 155-17.
Según el artículo 69 de la pieza sometida, ese equipo tendría la responsabilidad de identificar los fondos que reciben los partidos, así como “gestionar las alertas de operaciones inusuales o sospechosas” para prevenir el “lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada”. Esto significaría un paso sustancial hacia la transparencia y rendición de cuentas.
Definitivamente que la influencia del dinero en las campañas por las posiciones de poder constituye una de las amenazas más críticas para el sistema de partidos. Ese modelo de hacer campaña prevalece en la República Dominicana y ningún partido político, al parecer, es indiferente a esa cultura de “influenciar” en el torneo electoral y manipular así la voluntad de los electores.
Es una necesidad imperiosa la aprobación de este instrumento legal, tenemos que seguir luchando para que esta norma sea verdaderamente eficaz para detener el dispendio de dinero y gasto excesivo en el periodo de campañas. No se puede ocultar más que todo proceso electoral en la República Dominicana viene viciado por campañas donde el dinero es el elemento que más incide y que debilita su legitimidad.
Es una responsabilidad de todos motivar y presionar para que esta propuesta sea una realidad legal. Todos debemos promover la cultura de la transparencia y mayor control a lo interno de los partidos políticos y de la sociedad en su conjunto.
¡Basta de dinero sucio en la política!
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