Valve deberá defender su modelo de negocio ante los tribunales británicos después de que el Competition Appeal Tribunal de Londres autorizara el pasado 26 de enero una demanda colectiva que podría costarle 656 millones de libras esterlinas, unos 900 millones de dólares. La acusación: la compañía estadounidense abusa de su posición dominante en el mercado de juegos para PC con prácticas comerciales que mantienen los precios artificialmente elevados y limitan la competencia entre distribuidores digitales.
La demanda. Vicki Shotbolt, activista especializada en derechos digitales y directora ejecutiva de Parent Zone, presentó la acción legal en junio de 2024. Representa a aproximadamente 14 millones de usuarios británicos que han comprado videojuegos o contenido adicional a través de Steam desde 2018. El caso se sostiene sobre tres argumentos: primero, cuestiona la comisión del 30% que Valve cobra sobre cada transacción en Steam. La acusación considera esta tarifa excesiva y sostiene que repercute directamente en el precio final.
El segundo argumento ataca las "obligaciones de paridad de precio": restricciones contractuales que impedirían a estudios y distribuidores ofrecer sus títulos a precios más competitivos en otras plataformas. Valve habría intervenido en casos concretos al detectar descuentos más agresivos fuera de Steam. El tercer punto señala un mecanismo de retención: quien compra un juego base en Steam debe adquirir todo el contenido descargable posterior exclusivamente en esa plataforma.
Otros casos. El caso británico no es un episodio aislado. En Estados Unidos, los estudios independientes Wolfire Games y Dark Catt Studios iniciaron en 2021 demandas antimonopolio contra Valve. Fueron desestimadas inicialmente, pero los demandantes reformularon sus argumentos y volvieron a presentarlas en 2022. Un tribunal ordenó la fusión de ambos casos. Desde entonces, cualquier desarrollador, editorial o particular que haya pagado comisiones a Valve por ventas desde el 28 de enero de 2017 puede sumarse.
David Rosen, fundador de Wolfire Games, explicó que emprendió acciones legales tras la intervención directa de Valve cuando intentó ofrecer precios más bajos en otras plataformas. En agosto de 2024, cuatro jugadores de California, Florida y Misuri presentaron una demanda separada que acusa a Steam de "estrangular la competencia con restricciones de precios descaradamente anticompetitivas".
Antimonopolio. Las demandas contra Valve forman parte de un patrón más amplio de litigios antimonopolio. El precedente más relevante es el enfrentamiento entre Epic Games y Apple: la desarrolladora de 'Fortnite' implementó un sistema de pago alternativo que esquivaba la comisión del 30% de la App Store. Apple ganó la mayoría de puntos del litigio, pero tuvo problemas en determinados estados como California. El caso contra Google tuvo un desenlace más contundente: Epic demostró que la compañía había monopolizado ilegalmente el ecosistema Android, lo que obligará a Google a permitir tiendas de aplicaciones competidoras en sus dispositivos hasta noviembre de 2027.
Antimonopolio. Las demandas contra Valve se inscriben en un patrón más amplio de litigios antimonopolio. El precedente más relevante es el enfrentamiento entre Epic Games y Apple: la desarrolladora de 'Fortnite' implementó un sistema de pago alternativo que evitaba la comisión del 30% de la App Store. En mayo de 2025, Fortnite volvía a la tienda de Apple. El caso contra Google tuvo un desenlace más contundente: Epic logró demostrar que la compañía había monopolizado ilegalmente el ecosistema Android, lo que obligará a Google a permitir tiendas de aplicaciones competidoras en sus dispositivos hasta noviembre de 2027.
La magnitud de Valve. Steam alojó más de 19.000 videojuegos durante 2025, generando ingresos totales de 11.700 millones de dólares. Los ingresos que Valve obtiene exclusivamente de sus comisiones sobre ventas pasaron de 1.100 millones de dólares en 2015 a 3.200 millones estimados en 2024, triplicándose en menos de una década.
Además, Valve produce aproximadamente 50 millones de dólares de ingresos por empleado, una cifra excepcional incluso en el sector tecnológico. El tribunal londinense aún no ha fijado fecha para el juicio, que determinará si estas prácticas constituyen abuso de posición dominante. Si prospera la demanda, los usuarios británicos afectados podrían recibir compensaciones por los sobrecostes que, según la acusación, llevan años pagando.
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