El informe situó al país sudamericano, junto a Canadá (75) y Barbados (68), en la cima de la tabla regional, consolidando su posición como una de las democracias menos afectadas por la corrupción del continente.
Sin embargo, la organización advierte que incluso estas naciones “con mejores resultados” no son inmunes a los efectos del crimen organizado, señalando que Uruguay también sufre la violencia alimentada por la corrupción.
La consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Luciana Torchiano, aseguró que la inacción gubernamental sostenida en gran parte del continente ha permitido el avance de redes criminales que erosionan las instituciones democráticas.
En este contexto, el caso uruguayo, aunque positivo en términos comparativos, muestra “retrocesos preocupantes” y un crecimiento limitado en sus indicadores de transparencia, un fenómeno que se replica en otras democracias consolidadas.
Así, mientras países vecinos como Brasil (35) y Argentina (36) presentaron puntuaciones que reflejan graves desafíos institucionales, Uruguay logró mantener estándares altos.
Con respecto al informe anterior, Uruguay experimentó un retroceso de tres puntos, descendiendo desde los 76 enteros que le valieron el decimotercer puesto mundial hasta la puntuación actual de 73, en la que ostenta el decimoséptimo lugar.
Pese a esta caída, el país suramericano logra mantenerse por encima del umbral de los 70 puntos, una barrera que no ha traspasado desde 2012.
En sintonía con las alertas sobre la seguridad regional, el combate a estas redes delictivas fue precisamente uno de los ejes centrales de la última Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú (Brasil) el pasado diciembre.
Allí, los presidentes del bloque suramericano destacaron la creación de la Comisión de la Estrategia del Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional para articular una respuesta conjunta frente a una amenaza que traspasa fronteras.
Por otro lado, un análisis del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) difundido en diciembre advirtió que la nación suramericana está “asediada por el crimen organizado” y señaló la crisis del sistema penitenciario como un factor determinante en esta problemática, recordando que Uruguay ostenta una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 475 reclusos por cada 100.000 habitantes.
Para contrarrestar estos riesgos, Transparencia Internacional recomienda a los gobiernos de la región priorizar la lucha anticorrupción, reforzando la independencia del poder judicial y protegiendo el espacio cívico, elementos clave para evitar que el dinero ilícito penetre en las estructuras del Estado.
Agencia EFE
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