El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha reconocido la incapacidad permanente total y una pensión equivalente al 55% de su base reguladora a un hombre de 34 años que trabajaba como operación de producción en un laboratorio de productos farmacéuticos de León después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la denegara.
