Esta jornada, la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, informó la designación de María Teresa Osorio como jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos (URAVIT), pero se retractó de la decisión horas después.
Esto, tras los cuestionamientos que generó la elección de Osorio, quien es esposa del ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, Andrés Provoste, uno de los magistrados que apoyó la candidatura de Aravena para la fiscalía regional, tras la salida del cargo de la actual ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
Uno que expuso abiertamente sus reparos al nombramiento fue el exfiscal Carlos Gajardo, quien ocupó su cuenta de X para señalar: “Un ministro de Corte vota por una candidata a fiscal regional, que con ese voto queda en terna y es designada fiscal regional en Iquique. Luego la fiscal nombra a la cónyuge del ministro en un alto cargo directivo. Así siguen funcionando las cosas”.
Esto llevó a que la fiscal regional Aravena echara pie atrás en su decisión, la que explicó en un comunicado público.
“La decisión adoptada fue realizada considerando exclusivamente criterios de confianza profesional, experiencia y conocimiento previo del trabajo de la persona designada, quien ya había trabajado previamente en el Ministerio Público, incluso con cargos de jefatura en la administración de fiscales regionales anteriores”, partió señalando la persecutora.
“Sin embargo, reconozco que, dadas las circunstancias, esta designación puede afectar la percepción de imparcialidad que debe resguardar el Ministerio Público”, agrgeó.
Por esta razón -relevó Aravena- le solicitó la renuncia a María Teresa Osorio, la que fue aceptada.
En este marco, la fiscal regional hizo un mea culpa y aseguró que “como institución, y como autoridad regional, tenemos el deber no solo de actuar con apego a la legalidad, sino también de resguardar la confianza pública en nuestras decisiones. En ese marco, asumo que esta situación debió ser evaluada con mayor cuidado”.
Finalmente, reiteró su compromiso con los principios de probidad, transparencia y objetividad que rigen el actuar del Ministerio Público, así como con el correcto funcionamiento de la fiscalía regional que encabeza.
