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El tema fue abordado en el Congreso de la República durante dos jornadas consecutivas. El 19 y 20 de febrero, el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, sostuvo reuniones con diputados para evaluar el impacto de la medida y escuchar las preocupaciones del sector.

El 20 de febrero participó en una citación con la Bancada VOS, mientras que el 19 se reunió con el diputado Julio López, Quinto Secretario de la Junta Directiva, quien impulsa la instalación de una mesa técnica intersectorial.

Suriano, cuya cartera supervisa la Dirección General de Transportes (DGT), explicó que el sistema de transporte aún opera bajo un marco jurídico de 1946, lo que limita una regulación moderna del sector.

Transportistas piden prórroga y multas escalonadas

La Federación Nacional de Transportistas ha solicitado ampliar el plazo para la instalación del SLV y aplicar multas progresivas, argumentando que no todas las unidades estarán equipadas antes del 2 de marzo.

El sector advirtió que, de no haber acuerdos, podrían suspender operaciones para evitar sanciones, lo que impactaría a usuarios y al traslado de productos.

Las multas contempladas oscilan entre 5 y 10 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente de Q21 mil a Q42 mil, además de la posible suspensión de la línea hasta por seis meses y cancelación de la autorización en caso de reincidencia.

El funcionario indicó que será en la reunión del 28 de febrero donde se definirá si la solicitud es viable. De aprobarse cambios, sería necesario derogar el acuerdo vigente antes de su entrada en vigor.

¿Qué establece actualmente la normativa?

La normativa obliga a instalar el SLV en todos los vehículos de 3.5 toneladas en adelante, incluyendo buses extraurbanos y transporte pesado. No aplica para unidades con matrícula de hasta 3.4 toneladas.

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Según la Dirección General de Transportes (DGT), existen 21 mil 585 unidades registradas que deben cumplir con la disposición. Sin embargo, solo 11 mil 667 vehículos cuentan con código correlativo, requisito previo para la certificación.

El dispositivo limita la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora. A los 75 km/h activa una alarma intermitente y, al llegar al límite, impide que el vehículo acelere más.

Necesidad de supervisar al sector

El viceministro Fernando Suriano subrayó que la implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) ha sido postergada durante años y que su aplicación responde a la urgencia de fortalecer la supervisión del transporte de carga y de pasajeros.

Indicó que el objetivo central es reducir los accidentes de tránsito y evitar más pérdidas humanas, tras hechos que marcaron al país en 2025. Recordó el accidente ocurrido el 10 de febrero de ese año en la calzada La Paz, bajo el puente Belice, donde fallecieron 54 personas y nueve resultaron heridas. También mencionó el percance del 27 de diciembre de 2025, en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en Sololá, donde un bus cayó en un barranco y murieron 15 personas.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) de la Policía Nacional Civil (PNC), entre 2011 y 2024 se registraron 24 mil 686 fallecidos en hechos viales, lo que representa un promedio anual de 1 mil 163 muertes.

En este contexto, la reunión del 28 de febrero será determinante para establecer si el cronograma del SLV se mantiene o si se introducen cambios en su implementación en Guatemala.