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- Además, el Supremo ha añadido este martes otro elemento procesal de calado a una jornada ya de por sí clave.
El testimonio de Virginia Barbancho, supervisora de Tragsatec, apunta a una red de encubrimiento institucional
El Supremo ha tumbado la posibilidad de que Ineco y Tragsa sean partes perjudicadas por la trama
- Fernán González @fernangonzalez
- Jefe de Investigación y Tribunales. En OKDIARIO desde 2015. Periodismo y Economía. ([emailprotected]).
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El juicio del caso Koldo ha deparado este martes en el Tribunal Supremo una jornada de declaraciones que, según fuentes judiciales, refuerza de manera sustancial los cargos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias contra el ex ministro de Transportes y ex número 3 del PSOE José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.
El testimonio de Virginia Barbancho, ex supervisora de Tragsatec, ha revelado que varios altos cargos institucionales conocieron y toleraron que Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, cobrase un salario público sin desempeñar función alguna, y que nada de ello quedó por escrito hasta que la propia Barbancho decidió protegerse documentando la situación.
Un comportamiento que, a juicio de las fuentes consultadas, no sólo consolida los delitos ya imputados en esta causa, sino que podría extender su sombra hacia otros cargos juzgados en la pieza separada de la Audiencia Nacional.
Barbancho ha explicado ante la Sala que recibió el currículo de Jésica Rodríguez de manos de Ignacio Zaldívar, responsable del proyecto que Tragsatec desarrollaba para Adif. En un primer momento le dijeron que era «sobrina de Koldo, un asesor del ministro», y más tarde que era «sobrina del ministro» directamente. Ha bromeado comentando que Jésica debía tener «múltiples tíos»: «Yo ya no entendía nada».
Desde el principio, Barbancho detectó anomalías: Jésica no fichaba, no rellenaba sus partes de trabajo y no respondía a los requerimientos internos. «Hay un correo en que le estoy suplicando que haga el parte y no lo hace», ha declarado. Inicialmente, pensaba que no sabía rellenar los partes de trabajo a pesar de ser muy fácil. en el contexto actual cree que directamente la ex amante ministerial ni quería ni cumplir ese requisito básico.
La supervisora ha descrito un patrón inquietante. Cuando trasladaba sus preocupaciones a sus superiores —tanto en Tragsatec como en Adif—, nadie actuaba. Las conversaciones en las que se abordaba la situación de Jésica se mantenían en reuniones en salas donde la puerta se cerraba, sin dejar rastro documental. Por teléfono tampoco se decía nada concreto. Fue sólo cuando Barbancho cambió de proyecto cuando comenzó a plasmar por escrito lo que estaba ocurriendo, como escudo ante posibles responsabilidades futuras.
El episodio más revelador llegó cuando Zaldívar le transmitió un mensaje de la presidenta de Adif: «Que hay que dejarla en paz». Barbancho lo ha resumido en una frase lapidaria ante el tribunal: «Me dijeron que había que dejarla en paz».
Además, el Supremo ha añadido este martes otro elemento procesal de calado a una jornada ya de por sí clave. La Sala Segunda ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la Abogacía del Estado contra el auto que había dejado sin efecto el ofrecimiento de acciones a Ineco y Tragsatec como posibles perjudicadas. En todo caso, son cómplices.
El tribunal ha considerado que declarar perjudicadas a ambas empresas públicas sería «prematuro» en este momento procesal, dado que los mismos hechos —la contratación de Jésica Rodríguez sin contraprestación laboral efectiva— están siendo investigados por otros órganos judiciales, en concreto en la pieza separada de la Audiencia Nacional.
La Sala ha advertido además que esa declaración podría «entorpecer» investigaciones en curso sobre la posible responsabilidad penal de las propias personas jurídicas, cuyas directivas y administradoras pudieron intervenir en las contrataciones «sin actuar diligentemente en el control» de sus empleados. Una resolución que, paradójicamente, mantiene abierta la puerta a que el escándalo se amplíe más allá del banquillo del Supremo.
‘Caso Koldo’ e Ineco
Ana Araceli Arigita, responsable de selección de personal de la empresa Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, ha confirmado que el proceso habitual de contratación no se completó en el caso de la ex amante del ministro.
La entrevista prevista para el 27 de febrero de 2019 en ningún escenario se celebró, y la contratación se formalizó al margen del área de selección. Arigita ha declarado que no sabe quién tomó esa decisión. Jésica Rodríguez cobró de Ineco 34.477 euros de dinero público sin haber trabajado ni un solo día, según los escritos de acusación.
La propia Jésica Rodríguez ha confirmado este extremo ante el Supremo: «Tuve una reunión con Joseba García, me enseñó la oficina chiquitita que tenía en Chamartín, nos tomamos un café, le pregunté qué tenía que hacer, me manifestó que nada y me marché». Ha añadido que los partes de trabajo en Ineco «los hacía algunos yo y otros Joseba». En Tragsatec, en cambio, ni siquiera eso: «Es que del momento Tragsatec no tengo recuerdos, quizá por mi situación personal».
Sobre el conocimiento del ex ministro, la testigo ha sido taxativa: «Ábalos sabía que yo tenía un contrato en Ineco, pero no trabajaba allí». Preguntada directamente sobre si Ábalos era consciente de que no iba a trabajar, respondió: «Sí, claro. El señor Ábalos estaba al tanto de todo».
Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO subrayan que el testimonio de Barbancho es especialmente relevante porque acredita que el encubrimiento no fue un acto individual, sino institucional: hubo conocimiento en distintos niveles jerárquicos, se adoptaron medidas activas para proteger a Jésica —incluyendo el silenciamiento de quien intentaba hacer cumplir la norma— y todo se gestionó de forma deliberadamente opaca.
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