Las sociedades suelen equivocarse. ¿Por qué no? Sin embargo, en una encuesta reciente una mayoría social disoció a la Corte Suprema de Justicia de lo que denominó “la Justicia” (es decir, de los jueces de instancias inferiores). Para cualquiera que se haya interesado en cuestiones judiciales, es cierto que los jueces supremos de la Nación tienen un más alto nivel intelectual y también una mayor sensibilidad moral, aunque no todos. Esa medición de opinión pública la realizó Poliarquía y se dio a conocer en febrero pasado. Sus conclusiones indican que la Corte Suprema es la institución del país más valorada por los argentinos, aunque ninguna llegó al 50 % de aprobación social. El máximo tribunal arañó ese número con el beneplácito del 48 % de los encuestados. En cambio, lo que los encuestadores llamaron “la Justicia”, y esto se entiende como la gestión diaria de los jueces comunes y corrientes, compite con los sindicatos por el último lugar de la simpatía social. Esta vez la sociedad no se equivocó, aunque también es cierto que hay muchos jueces honestos y eficaces, pero el problema es que los más conocidos son fuertemente cuestionados. Vale la pena recordar la cantidad de jueces que en el interior ignoto del país (ignoto para los que habitan la Capital) varios jueces fueron condenados por complicidades con el narcotráfico, con delitos comunes, con abusos sexuales a mujeres y hasta por prácticas claramente antisemitas. Hace poco, cuando el gobierno de Javier Milei intentó cubrir las dos vacantes de la Corte Suprema propuso a un jurista intachable como Manuel García-Mansilla y a un juez federal seriamente cuestionado, como Ariel Lijo. A pesar del abrumador rechazo del Senado que tiró abajo su postulación, Lijo sigue siendo uno de los jueces federales de la Capital más poderosos del país; puede investigar, si quiere y tiene ganas, delitos como la corrupción de los funcionarios nacionales o del narcotráfico. De hecho, actualmente está a cargo de los casos que investigan el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Otro juez tan cuestionado como Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi, se quedó con la investigación de la denuncia sobre la criptomoneda $Libra, que compromete directamente a los hermanos Milei.
Aunque no hacen nombres propios, es recurrente escuchar en altos estamentos de la Justicia hablar de la “banda extorsiva de Comodoro Py”, que es donde habitan los jueces federales de la Capital. En ese contexto, la Corte Suprema redactó una larga recomendación de cómo el Consejo de la Magistratura debería examinar y elegir a los futuros jueces. Es un trabajo encomiable, que pone orden a un sistema hasta ahora extremadamente politizado, indiferente a los antecedentes sobre la erudición de los eventuales magistrados y sus condiciones morales. La propuesta baja el protagonismo que tienen los exámenes presenciales en la selección final de los candidatos, porque está comprobado que es en ese momento, precisamente, cuando más influye la política. Por lo menos dos jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tomaron nota de que la buena administración de justicia es un deber que la política no cumplió durante los últimos 40 años de democracia. El criterio político fue siempre equivocado: los que estaban en la oposición querían mejorar la selección de jueces, pero no tenían la mayoría suficiente para hacerlo, mientras los oficialismos, que sí podían cambiar el sistema, aspiraban a nombrar solo a sus amigos. Los amigos de la Justicia fueron fáciles prometedores de potenciales impunidades, aunque luego no cumplieron sus promesas. Hicieron todo lo contrario: tales jueces se alejaron del gobierno que los nombró para cobijarse de inmediato bajo la sombra del nuevo oficialismo. Lo primero que debe señalarse es que esa recomendación firmada por Rosenkrantz y Lorenzetti es una acordada de la Corte Suprema porque dos son la mayoría de tres. Solo en los casos jurisdiccionales (esto es, cuando el tribunal resuelve sobre un expediente judicial que le llegó en apelación) se necesita la firma concordante de los tres. Para los casos administrativos o que no están vinculados con causas judiciales, una acordada como la conocida requiere solo la firma de dos de los tres jueces para formar una mayoría legítima. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no suscribió esa acordada porque consideró que su firma como titular del tribunal anularía su voto como presidente del Consejo de la Magistratura, que también lo es. Pero esto no quiere decir que esté en desacuerdo con los postulados de la acordada. De hecho, fuentes cercanas a él subrayaron que Rosatti coincide con los principios esenciales de la posición de sus dos colegas, aunque tampoco quiere desairar de antemano otros proyectos que también aspiran a mejorar la selección de los jueces. Un segundo aspecto que debe destacarse es que aquella acordada no es una orden de cumplimiento obligatorio para nadie. Es una recomendación que la Corte le hace en primer lugar al Consejo de la Magistratura para que este la convierta en una posición suya y, en el mejor de los casos, en una resolución. Con todo, es el Gobierno el que debería convertir esa acordada en un proyecto de ley para que sea tratado por el Congreso y darle, así, un fuerte respaldo político. En momentos en que la administración de Milei necesita demostrar que las instituciones también importan, y no solo la inflación del próximo mes, un cambio fundamental en el modo de seleccionar a los jueces podría ser un importante ejemplo. El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene la oportunidad, a su vez, de demostrar que llegó al cargo para mejorar el servicio de justicia, y no solo, como se sospecha, para defender al Gobierno en las causas que lo acosan por presuntos hechos de corrupción. Presidente y ministro deberían tener en cuenta que el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital, el exjuez Ricardo Gil Lavedra, manifestó su apoyo a la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti. “Todo cambio en la selección de jueces debe apoyarse”, dijo quien representa a la mayoría de los abogados de la Capital.
La causa que involucra a los hermanos Milei está en manos del más competente anestesiólogo de los tribunales
La política ha hecho un desastre con la Justicia. Al principio de todo, hace más de 40 años, cuando no existía el Consejo de la Magistratura, el entonces presidente Raúl Alfonsín fue presionado por el poderoso jefe del bloque peronista del Senado, Vicente Leónides Saadi, para negociar políticamente la designación de todos los jueces del país. El Senado debe darles su acuerdo con una mayoría simple a los jueces federales. Los ministros de la Corte Suprema y el procurador general de la Nación (el jefe de todos los fiscales) necesitan, en cambio, los dos tercios de los votos senatoriales para contar con el acuerdo de la cámara alta. Aquel fue un toma y daca de la política, hecho a la luz pública, para encaramar jueces. Solo participaron de ese intercambio el Poder Ejecutivo y el Senado. Nadie más. Entonces no existía el tercer senador por la minoría y, por lo tanto, el peronismo retenía cualquier mayoría senatorial. En la reforma de la Constitución de 1994, el radicalismo logró incorporar la creación del Consejo de la Magistratura para designar y destituir a los jueces, pero los constituyentes cometieron un error: no reglamentaron cómo sería, al menos en grandes trazos, su integración. La reglamentación de esa disposición constitucional quedó otra vez en manos de la política, en manos, por ejemplo, de Cristina Kirchner, que redactó la última reglamentación cuando era senadora y su marido era el presidente de la Nación. ¿Qué se podía esperar? Nada bueno de quien terminó proponiendo la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, mientras algunos kirchneristas planeaban también que los jueces fueran elegidos por la sociedad. Esas ideas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Basta con los caprichos. Ahora, el Consejo le envía al Poder Ejecutivo una larga lista de candidatos, un necesario orden de méritos, y es el Presidente quien puede elegir al primero, al segundo o al octavo aspirante a juez. El kirchnerismo elegía por lo general al octavo. No era una elección popular de jueces; era peor. Quien fue hasta hace poco el viceministro de Justicia de Milei, Sebastián Amerio, había confeccionado una lista de 317 jueces y fiscales para cubrir los numerosos puestos vacantes y decidió, según se supo en su momento, que el Poder Ejecutivo le enviase al Senado solo el primerio o el segundo aspirante incluidos en la lista de méritos. Pero Amerio, amigo del principal asesor presidencial, Santiago Caputo, ya no está en ese cargo, y su lugar fue ocupado por Santiago Viola, exabogado defensor de Lázaro Báez, y recordado por haber plantado testigos falsos para recusar injustamente al juez Sebastián Casanello, quien estaba al frente de una investigación sobre Báez. A pesar de Viola, Báez y sus hijos terminaron condenados por lo que se llamó la “causa del dinero K”. Viola, amigo personal de Karina Milei, tiene también ahora la oportunidad de cambiar su pasado. ¿Lo cambiará?
Al gobierno de Milei lo asedian dos causas judiciales contra Adorni, recientemente ascendido a jefe de Gabinete. Una refiere a un viaje en avión privado a Punta del Este y la otra a su patrimonio, después de conocerse que existe a nombre de su esposa una quinta en Exaltación de la Cruz no declarada por Adorni, al menos públicamente, ante la Oficina Anticorrupción. Una tercera causa, ya no sobre Adorni, es la más compleja de todas: la investigación por supuestas prácticas corruptas en el manejo de la criptomoneda $Libra. Y es compleja porque de ese escándalo participó personalmente el Presidente, quien promocionó la moneda virtual y luego le quitó su apoyo. Hubo grandes ganancias y grandes pérdidas en muy poco tiempo. Luego, se supo que el lobista Mauricio Novelli, que hacía de nexo entre el jefe del Estado y el empresario norteamericano Hayden Davis, quien lanzó la criptomoneda, tenía relación directa con la hermana de Milei: Karina. El periodista Hugo Alconada Mon constató, además, que Javier Milei cobraba de Novelli mensualmente antes de ser presidente de la Nación. Llama la atención que Novelli haya entregado a la Justicia su teléfono celular IPhone de última generación, prácticamente inexpugnable si no se cuenta con la clave de acceso. Novelli le entregó la clave a la Justicia. Alconada Mon expresó también su extrañeza por tanto colaboracionismo de parte del lobista. “Novelli es un experto en las nuevas tecnologías. Podría haber borrado todo lo que comprometía a los hermanos Milei”, se escuchó, desconfiados, a algunos aliados del Gobierno. Cerca del vértice mismo de la administración son más paranoicos aún y sospechan que en el futuro Novelli podría pedir la condición de imputado colaborador de la Justicia. Podría declararse un arrepentido ante los funcionarios judiciales. “¿Un buchón?”, preguntan, cáusticos, en esas instancias cimeras de la política. Los hermanos que gobiernan tienen la suerte de que la causa que los involucra está en manos del más competente anestesiólogo de los tribunales: el juez Martínez de Giorgi, especialista en poner a dormir todos los expedientes que complican a los que tienen poder.
Otras voces con información precisa vinculan tales desventuras a la lucha interna que Karina Milei y sus principales colaboradores, los primos Menem, le declararon al asesor más importante del Presidente, Santiago Caputo. Pero existe una diferencia y consiste en que Caputo viene de una familia política: un tío suyo, Luis Caputo, es ministro de Economía y fue un importante funcionario de Mauricio Macri; otro tío, el empresario Nicolás Caputo, es un histórico amigo de Macri, y un tercer tío, Dante Caputo, fue el recordado canciller de Alfonsín. Al revés, Karina Milei conoció el poder y está aprendiendo a manejar el poder desde el poder mismo. Las mutuas historias los enfrentan, justo cuando el Gobierno registra el nivel más bajo de simpatía popular desde que existe y lo acorrala la sospecha social de que hay corrupción. Ya Edward Kennedy, con la experiencia de 47 años como senador de los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que en política la percepción social y la realidad tienen el mismo valor.
