EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) desató una fuerte controversia nacional tras emitir una sentencia que recorta el Parque Nacional Jaragua para entregar más de 12 millones de metros cuadrados a un emporio empresarial con fines de desarrollo turístico, sin contar con el respaldo del Congreso Nacional, como lo establece la Constitución.
La decisión de la corte, que reconoce derechos de propiedad privada dentro de la reserva natural, ha sido duramente cuestionada por expertos ambientalistas y legisladores, quienes advierten que la medida viola no solo la Constitución, sino también leyes ambientales vigentes y compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
El fallo, que anunciaron será impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC), no tiene ningún sustento legal, afirmaron exlegisladores.
francisco-dominguez-brito-mp4Tras este dictamen, el TSA se encuentra en el centro del debate público luego de acoger una decisión que abre la puerta al desarrollo de un ambicioso proyecto turístico en el corazón del Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes del país.
El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, calificó la sentencia como “intolerable” y advirtió que contraviene la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, al reconocer derechos privados dentro de un parque nacional.
Domínguez Brito subrayó que, de acogerse este veredicto, se estaría creando un precedente “funesto” que pone en peligro todas las áreas protegidas de la República Dominicana.
“Y eso implica peligro para el agua, para el medio ambiente; implica peligro para todas las generaciones futuras, porque pondrían en riesgo la sostenibilidad de la República Dominicana”, agregó.
El exsenador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, explicó que para reducir un área protegida se debe contar con una ley orgánica aprobada con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de ambas cámaras legislativas, algo que muchas veces resulta difícil.
“Por lo tanto, que cinco jueces se pongan de acuerdo para reducir un área que la Constitución establece que solo puede modificar el Congreso es un error inaceptable”, enfatizó.
dionis-sanchez-mp4Puntualizó que esta decisión fue acogida basándose en una ley de 2004 por lo que los sustentos de la sentencia son fáciles de anular.
Para la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, la sentencia es “misteriosa” y viola la Constitución.
Uno de sus voceros, Luis Carvajal, advirtió que se ordenó modificar el mapa del parque sin coordenadas claras y que el fallo pone en riesgo todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
luis-carvajal-mp4«Si esta sentencia se asume como buena y válida anula completamente el sistema de áreas protegidas», destacó Carvajal al tiempo que informó que apelarán este dictamen.
gustavo-lara-salazar-mp4Otros legisladores también cuestionaron la decisión adoptada por el TSA indicando que se debe realizar una revisión exhaustiva para evitar que se le cedan terrenos de áreas protegidas a terceros.
Para el representante de la provincia Independencia una de las demarcaciones que se verían afectada con este fallo, Dagoberto Rodríguez, indicó que a esta problemática hay que encontrarle una solución «porque no es posible que un pueblo entero esté metido en áreas protegidas».
dagoberto-rodriguez-mp4Con la sentencia el Tribunal Superior Administrativo favoreció a los herederos de Elías Gadala-María, que a través de la empresa Inversiones del Sur sometieron su acción de amparo.
Los terrenos de los Gadala-María le fueron expropiados por ser testaferros del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
El Parque Nacional Jaragua, con una extensión de más de 137 mil hectáreas y se extiende a lo largo de la costa sur, desde Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas, en la provincia fronteriza de Pedernales. Esta reserva natural constituye un santuario de biodiversidad clave para el país.
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