La reducción del Parque Nacional Jaragua para crear el Polo Turístico de la Región Suroeste ha provocado un conflicto judicial entre el Estado y presuntos propietarios de terrenos situados dentro del área protegida, cuyo resultado puede abrir paso a la explotación comercial de la zona.
El expresidente Hipólito Mejía promulgó la Ley 266-04 cuatro días antes de dejar el poder para establecer un polo turístico en Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.
Según la ley, abarca toda la franja costera de Barahona y Pedernales, desde la bahía de Neiba hasta la frontera con Haití, en la desembocadura del río Pedernales, incluyendo la totalidad del litoral marino del Parque Jaragua y de Bahía de las Águilas.
Basados en esa normativa, la empresa Inversiones del Sur reclamó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el derecho de propiedad sobre la porción de sus terrenos que se adentran en el parque. Para ello presentó cuatro títulos que abarcan una superficie de 12,577,201.82 metros cuadrados.
Su intención es “ofrecer libremente en el comercio sus inmuebles beneficiados por la Ley 266-04”.
El TSA favoreció la solicitud y ordenó al Ministerio de Medio Ambiente actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas de la Región Sur, lo que conlleva la modificación de los límites del parque y la exclusión y posible uso empresarial de toda su franja marítima.
La empresa
El gerente de Inversiones del Sur es Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser, sucesor de Elías Gadala-María, cuyas propiedades fueron expropiadas por el Estado tras la caída de Rafael Leonidas Trujillo, al ser señalado formalmente como testaferro del dictador. Gadala-María impugnó dichas confiscaciones en un litigio judicial que se prolongó durante años.
El ambientalista Luis Carvajal denunció que la sentencia de 2025 no es un hecho aislado; es el último eslabón de una cadena de intentos de la familia Gadala-María Nasser y su empresa Inversiones del Sur para materializar el despojo de tierras públicas.
Impugnarán
Medio Ambiente informó que recurrirá la sentencia y advirtió que “este precedente pone en riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
Los abogados de la institución argumentaron ante el tribunal que para modificar la extensión de un parque nacional se requiere una ley orgánica aprobada por las dos terceras partes de los legisladores. La diferenciación entre leyes ordinarias y orgánicas fue introducida con la reforma constitucional del 2010.
El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, advirtió que la sentencia podría servir para validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas.
El exfuncionario calificó la decisión como una “sentencia temeraria” y alertó que abre un precedente, al debilitar la integridad del Sinap y exponer ecosistemas estratégicos a presiones económicas y a intereses particulares.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó preocupación por la sentencia que autoriza reducir el tamaño del Parque Nacional Jaragua y advirtió que esta interpretación, que califican de temeraria, del TSA podría abrir la puerta a una judicialización masiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), generando incertidumbre jurídica. De confirmarse -dicen- se estaría estableciendo un precedente según el cual omisiones administrativas podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas por ley. “Más allá del fallo jurídico, debemos alertar que esta decisión corre el riesgo de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta”, señalaron en un comunicado.
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