La constante aparición de nuevas tecnologías no deja de generar situaciones legales inéditas. Tanto como para provocar que la Guardia Civil precinte un local dentro de un cuartel del Ejército de Tierra y que un oficial en activo sea sancionado por permitir el uso indebido de instalaciones militares. ¿De qué clase de uso hablamos? Pues, concretamente, de la minería de criptomonedas.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Zaragoza, en un caso que ha terminado con una resolución firme del Tribunal Militar Central, que avala la sanción disciplinaria impuesta a un capitán.
La sentencia, dictada tras analizar un recurso contencioso-disciplinario militar, confirma una pérdida de ocho días de sueldo al oficial por una falta grave, al considerar probado que permitió el uso de recursos públicos con fines particulares, al margen de que no se haya acreditado un beneficio económico directo para él.
Una alerta interna
Los hechos se remontan a un aviso interno recibido en un acuartelamiento de Zaragoza. Según el expediente disciplinario, se alertó de la existencia de una instalación informática conectada a la red eléctrica del cuartel, ubicada en un almacén de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento (USAC) y destinada a usos ajenos al servicio.
El capitán implicado, que tenía responsabilidades en el área de comunicaciones, decidió poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, ante la sospecha de un posible delito de defraudación de fluido eléctrico.
La investigación no fue asumida por la jurisdicción militar, sino por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza, que abrió diligencias previas. Fue en el marco de estas actuaciones cuando los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al cuartel, accedieron al local señalado y procedieron a su precinto.
Todo por la... cadena de bloques
La denuncia señalaba directamente a un sargento primero, destinado en el centro de comunicaciones del acuartelamiento, como responsable de utilizar el local para minar criptomonedas, una actividad que requiere equipos informáticos funcionando de forma continua y un consumo eléctrico elevado.
La minería digital, esencial para validar transacciones en redes basadas en blockchain, supone un alto coste energético. De ahí el interés en hacer que pagara el Estado en lugar de asumir el gasto por sí mismo.
Pero el suboficial no actuaba solo. La investigación interna concluyó que el jefe de la unidad CISPOC, un capitán, había autorizado la instalación del material, facilitado el acceso al local y permitido su conexión a la red eléctrica del cuartel.
Autorización, acceso y control eléctrico
El expediente disciplinario es claro: este capitán permitió al sargento instalar material informático particular como un favor personal, motivado por una relación de amistad. El acceso al local se realizaba dentro del horario laboral y el material llevaba meses almacenado allí.
Más allá de la autorización inicial, el tribunal considera especialmente relevante que el capitán controlara el suministro eléctrico, siendo quien manipulaba el diferencial de la luz cuando se producían cortes, lo que evidencia un conocimiento directo y continuado de la instalación.
La inspección policial confirmó una manipulación deliberada de la red eléctrica: derivaciones desde el cuadro general, un diferencial independiente para evitar saltos de seguridad y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que protegía los equipos.
Además, se hallaron cajas de madera aisladas y ventiladas para alojar el material informático, así como una tarjeta SIM asociada a un teléfono oficial de la USAC, lo que reforzaba la tesis de un uso irregular de medios públicos.
El recurso y la respuesta del tribunal
Sancionado por una falta grave tipificada en el artículo 7.37 de la Ley Orgánica 8/2014, el capitán recurrió la decisión alegando defectos formales, vulneración de la presunción de inocencia y uso de pruebas ilícitas.
El Tribunal Militar Central rechazó uno a uno estos argumentos. Consideró que la resolución sancionadora estaba debidamente motivada, que las pruebas eran legítimas y que existían declaraciones testificales suficientes, además del reconocimiento parcial del propio expedientado, quien alegó que se trataba de 'prácticas académicas' relacionadas con tecnologías blockchain.
Una clave jurídica: no hace falta lucro
El aspecto más relevante del fallo es la interpretación del tipo disciplinario. El tribunal subraya que no es necesario acreditar ánimo de lucro ni perjuicio económico para que exista la falta: basta con el uso particular de medios o recursos oficiales.
En palabras de la sentencia, exigir beneficio económico situaría los hechos en un plano distinto, incluso penal. En este caso, el mero consentimiento para usar instalaciones militares con fines privados es suficiente para justificar la sanción.
Vía | El Confidencial Digital
