El Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de Infraestructuras Escolares informó este martes que más de 8,000 expedientes han sido remitidos a la Contraloría General de la República como parte del proceso previo a la ejecución de pagos por trabajos realizados en centros educativos.
De acuerdo con la información ofrecida en una nota de prensa, los expedientes fueron previamente depurados y organizados mediante un proceso interno de verificación documental y técnica, en cumplimiento de las normativas vigentes de control y transparencia del Estado.
El proceso se realiza conforme a lo establecido en la Orden Departamental núm. 055-2025, que dispone un nuevo esquema de control, verificación y auditoría integral en todas las etapas relacionadas con el mantenimiento correctivo de infraestructuras escolares, refiere el documento.
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La entidad explicó que ningún pago puede ejecutarse sin la validación previa de la Contraloría, así como sin el cumplimiento de los controles financieros y administrativos correspondientes, lo que busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
Los casos evaluados corresponden a trabajos ejecutados en gestiones anteriores al año 2025 y fueron consolidados en expedientes únicos para facilitar su revisión y determinar los pagos que procedan, exclusivamente sobre la base de la documentación y validaciones técnicas realizadas.
Dijo que actualmente, la Contraloría General de la República revisa de manera individual cada uno de los expedientes remitidos. Una vez concluido ese proceso y emitidos los dictámenes correspondientes, las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación quedarán habilitadas para ejecutar los pagos que resulten procedentes, dentro del marco legal vigente.
Responsable de comisión
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Mediante el Decreto núm. 569-25, el presidente Luis Abinader designó a Julio Ramón Cordero Espaillat como responsable de la Comisión Presidencial para la Revisión y Fiscalización de estos contratos, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en la gestión de los recursos públicos.
Para dar seguimiento a los procesos de pago, se habilitó una línea de atención en el teléfono 809-688-9700, extensión 2033, así como atención presencial en las oficinas ubicadas en la avenida Simón Bolívar esquina Máximo Gómez, primer nivel.
