La sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua ha encontrado el más amplio rechazo en distintos sectores que la ven como un peligro para las áreas protegidas.
La decisión inquieta y el caso de Valle Nuevo, en Constanza, es un buen referente. Se teme que el fallo, en torno al cual hay varias incógnitas, sea el principio de un proceso para limitar la extensión de las áreas protegidas.
Entre los sectores que han rechazado la decisión figuran el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el extitular de la cartera Francisco Domínguez Brito y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.
Al calificar la sentencia de temeraria, Domínguez Brito dijo que podría validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas.
La decisión del TSA disparó la alarma por ser el Jaragua uno de los parques nacionales más importantes del país.
Los señalamientos con que la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas rechaza la sentencia generan mucha inquietud. Dice que con la decisión plantea un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha logrado articular sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de esos territorios.
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Tratándose de una decisión judicial, que Medio Ambiente ha recurrido ante la Suprema Corte, el caso es delicado. La sentencia, por lo visto, plantea un desafío que va más allá de lo jurídico.
