Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (Tsa) ha devenido en un conflicto legal que contrapone la visión económica de desarrollo turístico y la idea de protección del medio ambiente y los recursos naturales en la República Dominicana.
El hecho de dilucidar la cuestión no resulta nada sencillo, en vista de las implicaciones no sólo legales que involucra, sino que toca ribetes económicos, sociales y políticos. El grado de complejidad se eleva aún más, debido a que la Constitución de la República establece un régimen reforzado de protección ambiental.
La problemática surgió al conocerse la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786, dictada por la quinta sala del Tsa, que acogió una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por una la sociedad comercial, mediante la cual ordenó la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas, que conlleva la exclusión de terrenos de la franja costera del Parque Nacional Jaragua.
Tal y como habría de esperarse, la coyuntura movilizó en rechazo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a dirigentes y organizaciones políticas; así como de ecologistas que llevan años en silencio.
Incluso, las autoridades ambientales depositaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión procura que la referida sentencia sea revocada, al considerar que viola preceptos constitucionales.
Este tipo de acciones otorga visibilidad, motivado a que genera aplausos mediáticosSegún la sociedad reclamante, varias parcelas ubicadas en los municipios de Oviedo y Pedernales quedaron fuera de los límites del Parque Jaragua, tras la promulgación de la Ley 266-04, que declaró polo turístico prioritario la Región Suroeste.
La sentencia recurrida otorgó un plazo de 30 días al Ministerio para actualizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo la advertencia de una sanción económica de RD$500 diarios por cada día de retraso. Sin embargo, Medio Ambiente es de opinión que la sentencia vulnera principios fundamentales.
El hecho permitió mostrar la hipocresía de ecologistas criollos, que en los últimos cinco años habían guardado silencio cómplice.
Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (Pld) fueron portavoces asiduos en medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, espacios que inundaron con denuncias de delitos y crímenes ambientales, contribuyendo a sensibilizar a la sociedad dominicana acerca de la necesidad de preservar el medio ambiente y los recursos naturales.
Ahora que el oficialismo pierde fuerza, vuelven a la carga con este acontecimiento, unido a las intenciones gubernamentales de autorizar la explotación minera de una parte de la cordillera septentrional.
La Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), Marcha Verde, SOS Ambiente RD, la Sociedad Ecológica del Cibao y el Grupo Jaragua, sólo por mencionar algunas de una larga hilera de organizaciones que no callaban en denunciar las agresiones.
Hubo casos, como el caso de SOS Ambiente RD, en que pidieron la destitución de ministros peledeístas. Incluso, más allá de las instituciones a las que representaban, los denunciantes personalizaron sus nombres a la defensa ambiental por la asiduidad de sus intervenciones mediáticas.
Destacaron durante los años de oro de la “sensibilidad ambiental” Yolanda León, Luis Carvajal, Max Puig, Chino Sing, los sacerdotes Nino Ramos y Rogelio Cruz y algunos periodistas con influencia en la opinión pública.
Una vez el Partido Revolucionario Moderno (Prm) asumió el poder, el 16 de agosto del 2020, la mayoría de esas voces ha guardado silencio, en perjuicio de la sociedad dominicana. Algunas pasaron, incluso, a ocupar puestos gubernamentales.
Ojalá sea cierta la reaparición de los ecologistas del patio. Nadie duda que la protección ambiental juega un rol determinante, porque sin ecosistemas saludables no es posible el desarrollo sostenible.
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