Tras detectar que no cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el manejo de residuos peligrosos y diversas irregularidades en sus áreas de confinamiento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una clausura total temporal del Centro Ébano para el Tratamiento y Confinamiento de Residuos de Manejo Especial, ubicado en el municipio de Ébano, San Luis Potosí.
Durante una visita de inspección, personal de la Profepa constató que el sitio, con una superficie aproximada de 15 hectáreas, operaba dos celdas de confinamiento donde se almacenaban materiales con características de peligrosidad. La medida se aplicó el 16 de febrero de 2026, en seguimiento a denuncias ciudadanas relacionadas con incendios registrados los días 5 y 12 de febrero en el interior del predio.
“En la celda número 1 se observó una acumulación considerable de líquido negro, viscoso y con fuerte olor a hidrocarburo, así como tambos metálicos y plásticos, cubetas, latas de pintura y aerosol, filtros automotrices, acumuladores usados y lodos impregnados, varios de ellos colocados directamente sobre suelo natural y en contacto con el líquido mencionado”, informó la dependencia.
Mientras que en la celda número 2 se detectaron condiciones similares: recipientes metálicos y plásticos impregnados con grasa o aceite, lodos con olor a hidrocarburo, tambos identificados como residuos peligrosos, un contenedor con envases vacíos que contuvieron aceites y agroquímicos, así como sacos con bolsas con sosa cáustica. En ambos espacios se observaron residuos peligrosos almacenados sin medidas de seguridad adecuadas.
Asimismo, se ordenaron medidas correctivas inmediatas: suspender la recepción de residuos peligrosos; presentar ante Profepa la resolución que, en su caso, emita Semarnat respecto a la autorización para manejar este tipo de residuos; y entregar en un plazo de cinco días hábiles un programa de acciones para controlar y extinguir de manera definitiva la emisión de humos generados por los incendios en las celdas.
La Profepa iniciará el procedimiento administrativo correspondiente y evaluará la posibilidad de presentar una denuncia penal, a fin de que se determinen las responsabilidades legales que procedan.
“Con estas acciones, la Procuraduría refrenda su compromiso de atender denuncias ciudadanas y prevenir riesgos ambientales que puedan afectar la salud de la población y el equilibrio ecológico”, aseguró a través de un comunicado.
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