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Plutarco: vidas paralelas
Magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen trayectorias semejantes.
Se generó expectativa por el nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El grupo Raíces está desbocado en insultos contra el jurista Roberto Molina Barreto. De larga trayectoria, nombrado por el presidente Óscar Berger como procurador general de la Nación en 2005, después de carrera como oficial de juzgado y abogado. Al año siguiente, el mismo Berger lo designó magistrado en la Corte de Constitucionalidad; en 2011 y 2020, por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo elige el Congreso. Sus fallos, en casos polémicos, han sido tachados de legalistas. En el caso de amnistía a Efraín Ríos Montt sostuvo la inhibición constitucional, junto a la mayoría, para que se resolviera en la jurisdicción ordinaria, sin importarle las habladurías; de la misma manera, cuando se intentaba retirar a Otto Pérez Molina de la Presidencia, consideró oportuna la finalización del mandato, pero se impuso el criterio de sustitución en el Congreso.
La reelección siempre recuerda las críticas del ejercicio público pasado; es más aconsejable renovar.
Toda reelección acarrea obstáculos; en contra, nombrar a una persona nueva, debiese haber sido lo recomendable. Molina Barreto fue de los fundadores del Centro de Estudios para la Defensa de la Constitución. Las críticas realizadas en 1999 señalaban a los juristas de ese instituto comprometidos con la negativa a la reforma constitucional, acordada en los acuerdos de paz. Curiosamente, también era fundadora la nombrada magistrada constitucional Annabella Morfín Mansilla, quien fue abogada en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, durante los gobiernos militares de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores. En 1993, luego del serranazo, el presidente Ramiro De León Carpio, la nombró ministra de Trabajo y Previsión Social. Durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú, desde 1996, se dedicó a facilitar la minería metálica a cielo abierto.
Forma parte de un grupo de abogados activo en la política gremial desde 2001. Fue derrotada en las elecciones del Colegio de Abogados, en su pretensión de integrar la Corte de Constitucionalidad en 2011. Representaba una décima parte de los votantes del Colegio. Sus opositores eran los grupos gremiales provenientes de la universidad pública o de puestos burocráticos en los organismos de Estado. En el 2016, el presidente Jimmy Morales la nombró como procuradora general de la Nación, aduciendo reconocer la meritocracia. Ahora, nuevamente, el presidente Arévalo la designó magistrada en la Corte de Constitucionalidad, donde había sido secretaria administrativa en 1986, cuando se inauguró ese alto tribunal.
La ahora magistrada goza de buena prensa. El nombramiento es progresista, manifestación de la izquierda, raíz de la democracia. Las erinias permanecen calladas y la asimilan al movimiento Semilla. No hay golpes de pecho, rasgadura de vestiduras e insultos abiertos, como sucedió por algunos diputados elegidos de esa agrupación contra quienes rechazaron a sus favoritos.
Mientras tanto, los corifeos denigran a decanos de las facultades de Derecho por su actuación en otras postulaciones. No se diga la profunda preocupación de la Misión de la OEA por posibles vulneraciones en elecciones gremiales. Vicios salvados por la veeduría de sectores de la sociedad civil, academia, organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, etc. ¡Uf, abogados! Festejen tamaña ojeada.
Un poco de ecuanimidad hace falta. Son alrededor de 38 mil abogados, para estar gravitando siempre en los mismos. La jurisprudencia está animada por profesionales capaces. No obstante, ya se sabe, las críticas siempre estarán presentes. Y, si se encuentran halagos, serán pasajeros.
