El presidente Luis Abinader acaba de “poner la tapa al pomo”, como dice la expresión coloquial cubana, al desarrollado accionar corrupto de funcionarios dedicados a hacer negocios desde la función oficial, cuando promulgó la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación inmediata, que sancionan penalmente a los servidores gubernamentales de las tres ramas del Estado que incurren en esa ilícita práctica.
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