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El movimiento cívico Participación Ciudadana solicitó este martes la intervención del Ministerio de Administración Pública (MAP) y de la Junta Central Electoral (JCE) ante denuncias sobre supuestos cobros a empleados públicos con fines políticos en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
La petición fue planteada durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, donde la coordinadora general de la entidad, Leidy Blanco García, advirtió que, de confirmarse los hechos, se estaría ante faltas administrativas de carácter grave y posibles infracciones a la legislación electoral.
Blanco explicó que corresponde al MAP determinar si hubo conductas que ameriten sanciones, incluyendo la destitución de funcionarios, mientras que a la JCE le tocaría evaluar la dimensión electoral de las denuncias.
También cuestionó que se limite la respuesta institucional a solicitudes de “asistencia técnica”, cuando —a su juicio— procede una investigación formal sobre lo ocurrido.
La representante de Participación Ciudadana afirmó que las denuncias apuntan a presiones indebidas sobre servidores públicos para que aporten recursos económicos a actividades políticas, lo que consideró incompatible con el marco legal vigente.
. Estamos hablando de que aquí se está amenazando, intimando a servidores públicos para que utilicen recursos que ya se han ganado propiamente para sostener campañas electorales. Y eso es, claramente, una violación a las leyes electorales y al Código Penal”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que, además del MAP y la JCE, la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales debe actuar para establecer responsabilidades, al tratarse de hechos que podrían encajar en violaciones tanto a las normas electorales como al Código Penal.
