Miguel Pasquau (Úbeda, 1959), magistrado en activo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y catedrático en Derecho Civil, publica El oficio de decidir, un libro donde reflexiona con honestidad sobre 25 años de carrera judicial. Visita OKDIARIO para abordar temas espinosos como, entre otros, el corporativismo judicial, las acusaciones de lawfare o las reformas de la Justicia en España.
PREGUNTA.- ¿Qué le llevó a escribir este libro?
RESPUESTA.- El impulso era contar una experiencia. ¿Qué nos pasa cuando nos enfrentamos a un caso difícil, cuando tenemos que activar todos los recursos para tomar una decisión que no viene dada de antemano? Cuando oímos a un testigo, cuando deliberamos con compañeros y vemos cómo se va desarrollando el proceso a favor o en contra de tu tesis, o cuando ya hay que redactar la sentencia. Insisto, en casos no evidentes, en los que hay que poner un fondo personal de responsabilidad. Eso es algo en lo que sí podemos hablar de nuestra experiencia.
P.- Usted no habla de jueces progresistas y conservadores. ¿Por qué?
R.- Es una protesta contra la simplificación. Los hay, claro que los hay, tendencialmente más conservadores o más progresistas por sus ideas políticas o su manera de entender el derecho. Y eso es bueno. Pero hay muchas más distinciones igual de relevantes: ser un juez rutinario o más creativo, estar más preocupado por la eficacia de los derechos o por las grietas del orden, ser un juez cortesano —cercano a los círculos del poder— o ser un juez más ciudadano. Y estos pares no se corresponden con progresista y conservador. Hay de todo mezclado. Sería bueno rescatar esa complejidad para no simplificarlo todo en «este es de color azul, este es de color rojo».
P.- Habla usted de cierto corporativismo dentro del mundo judicial. ¿Está haciendo daño?
R.- Hay un discurso corporativo que magnifica más de la cuenta la virtud de los jueces. Se dice: somos imparciales y estamos únicamente sometidos al imperio de la ley, luego no desconfíen de nosotros. ¿Te imaginas que eso lo dijera un ministro? «Los ministros estamos sólo sujetos a la búsqueda del bien común, luego no desconfíen de nosotros». Se puede desconfiar del poder. Tenemos la obligación de ser imparciales y un estatuto de independencia que nos lo permite, pero hay mucho camino que recorrer. Es posible que haya cosas que hagamos mal. Y las cosas que hacemos mal no dependen sólo de fuera, de que los políticos quieran colonizarnos o de que no hay presupuesto. Es importante que los jueces digan en público «es inevitable que nos equivoquemos con cierta frecuencia, pero es mejor este sistema que someter las controversias a sorteo o a la sabiduría del viejo del lugar».
«Tuve la tentación de condenar a alguien para salvarme de las críticas que había recibido»
P.- En el libro reconoce que usted mismo ha sufrido sesgos inconscientes. ¿Puede explicarlo?
R.- Lo pongo como ejemplo de debilidades que tenemos y que no podemos negar. Una resolución que dicté como instructor sobre un diputado andaluz fue malinterpretada en programas de mucha audiencia. Creyeron que iba referida a otro caso y dijeron que yo había dicho que el robo en un supermercado era un acto de libertad de expresión. Era otra cosa completamente distinta. El caso es que luego ese mismo señor vino otra vez, ahora sí por un delito de robo. Y yo pensé: voy a tener la oportunidad de demostrar que no estaba loco. Pero me encontré recibiendo su declaración y quedó claro que él no había participado. Y eso casi me contrarió. Yo tenía una proclividad, una inclinación para salvarme frente a las críticas. Eso es exactamente el sesgo del que hablo.
P.- ¿Cómo ve las acusaciones de lawfare, de guerra judicial con fines políticos?
R.- Son inevitables. No podemos decir que sea imposible que algún juez se preste a juegos políticos. Del mismo modo que no podemos decir que los jueces no prevarican: normalmente no, pero el delito existe. Lo que ocurre es que en las sospechas de lawfare generalmente hay un problema en quien sospecha, porque es muy difícil saber si un juez está al servicio de una estrategia política o si simplemente su decisión no te conviene políticamente. El lawfare de alta intensidad —un juez que conscientemente se hace pieza de una estrategia— es muy difícil. Pero el lawfare de baja intensidad, el inconsciente, el que no es doloso, ese hay que darlo casi por descontado. Es seguir un plano inclinado creyendo que está recto. Tienes una proclividad ideológica o biográfica y no eres consciente de ella. Por eso lo que tenemos que preguntarnos es cómo trabajar para minimizarlo.
P.- Tenemos el caso Koldo en el Supremo, múltiples casos en la Audiencia Nacional… ¿Cree que ha aumentado la corrupción?
R.- La corrupción está en la naturaleza humana y con distintas ondas va y vuelve. A mí me parece muy desazonador que no solamente persista, sino que persista de las mismas maneras. No es sólo que siga habiendo corrupción, es que sigue siendo tan parecida, generada en un contexto de creencia de impunidad porque se está en el poder, y de una manera tan burda y con procedimientos tan similares, que produce desazón. Frente a eso hay que decir que una sociedad evolucionada necesita mecanismos de prevención, que los hay y que están consiguiendo que se reduzca, poco a poco, pero sí. Y segundo, que haya mecanismos de represión. Y ése es el valor de las investigaciones judiciales: con los medios adecuados pueden sacar a flote esas bolsas de corrupción.
«El fiscal general quizá debería haber dimitido, yo suscribo más los argumentos del voto particular»
P.- ¿Ha dejado tocado al Ministerio Público el proceso penal contra García Ortiz?
R.- Ha sido un incidente tremendamente delicado para nuestro sistema. El fiscal general consideró oportuno no dimitir para resistirse a lo que él sentía como una persecución. Eso, a mi juicio, fue cuestionable. Y te digo con claridad que después de leer exhaustivamente la sentencia y los votos particulares, suscribo mucho más vehementemente los argumentos del voto particular, tanto en el juicio de hecho como en el juicio de derecho. Pero no pasa nada: para eso se hacen públicos los votos particulares. La sentencia mayoritaria es la que tiene que cumplirse, eso es Estado de Derecho. Pero eso no impide una crítica interna a los argumentos que han servido para condenar.
«La amnistía se degradó al convertirse en moneda de cambio: yo te doy una amnistía, tú me das una investidura»
P.- ¿Qué opina de la Ley de Amnistía?
R.- Creo en la constitucionalidad de una ley de amnistía en abstracto. Es un instrumento valiosísimo para perseguir objetivos nobles de convivencia. Pero precisamente porque tiene tanto valor, tiene que usarse con mucha responsabilidad. Yo habría sido partidario de una ley de amnistía cuando no era necesaria para la investidura. Cuando vi que sí lo era, torcí el gesto, porque me pareció que se convertía en un asunto de do ut des: yo te doy una amnistía para que tú me des una investidura. Eso degrada enormemente su valor político.
P.- Para terminar, ¿qué reformas considera prioritarias en la justicia?
R.- Hay una sobre la que deberíamos precipitarnos: la utilización decidida y formal de la inteligencia artificial. Como no lo hagamos por la cara A, encima de la mesa, se va a hacer por debajo de la mesa. Más vale que haya formación de los jueces en el uso de estos instrumentos para que no acaben sustituyendo la función del juez sin que se diga, y con programas no testados ni admitidos por el Consejo General del Poder Judicial. Es un asunto de extraordinaria importancia. Y luego el Código Penal admitiría una revisión: el sistema de penas genera condenas muy extrañas por el juego de escalones agravados, superagravados, agravantes y atenuantes. Una revisión con criterios más modernos mejoraría mucho la justicia.
Miguel Pasquau es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su libro El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo está disponible en librerías.
