A través de la experiencia acumulada en los quehaceres políticos hemos podido constatar que las frases simples y contagiosas tienen un poder extraordinario para incidir en la simpatía del electorado. Generan emociones, crean identidad y ofrecen certezas rápidas en tiempos de desesperanza e incertidumbre.
Por eso no sorprende que desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se haya asumido con tanta fuerza, en los últimos meses, el lema “no somos iguales”, haciendo alusión a una nueva forma de ejercer el poder, moralmente superior a la de sus predecesores.
Sin embargo, toda narrativa moral, por más sencilla que sea, tiene una condición ineludible: debe sustentarse en ejemplos y hechos verificables. Cuando la realidad contradice el discurso, el eslogan deja de ser una afirmación y se convierte en un desatino.
No se trata de quién dice ser diferente, sino de quién demuestra con acciones que el Estado está por encima de los intereses particulares.
El PRM llegó al poder con un capital simbólico basado en la idea de cambio ético en la administración pública. Con una promesa de pulcritud en el manejo de la cosa pública.
Pero, durante sus cinco años de gestión, múltiples denuncias de corrupción administrativa, cuestionamientos sobre irregularidades y mal manejo de recursos públicos, así como señalamientos de vínculos de actores políticos con estructuras del narcotráfico, han alimentado un clima de desconfianza que ha impactado negativamente en esa promesa original.
No somos iguales cuando se llega al poder sin arrastrar recursos desviados de la salud del pueblo. No somos iguales cuando las campañas no se sostienen con fondos provenientes de estructuras opacas, ni con dinero del narcotráfico. No somos iguales cuando el acceso al poder no depende de empresarios facinerosos y redes mafiosas que luego exigen impunidad.
De existir esas diferencias, las mismas no se sostienen con consignas, sino con transparencia, trazabilidad del dinero, auditorías abiertas, controles y justicia que actúe sin mirar colores políticos.
Decir que “no somos iguales” puede ser cierto, pero no por la superioridad moral que alguien se atribuya. Lo será cuando haya dinero público rastreable, contratos abiertos, instituciones de control independientes y consecuencias para quien robe, sin excepciones.
La tan socorrida consigna de “no somos iguales” promovida por funcionarios y dirigentes del PRM debe medirse con hechos, no con discurso. El país necesita transparencia verificable, instituciones que funcionen sin privilegios y un compromiso real con la rendición de cuentas.
La moral pública no se decreta, se prueba. Por eso, cada vez que algunos funcionarios del gobierno se atribuyen una condición de virtud excepcional y reducen a toda la oposición a una caricatura de corrupción, conviene cambiar el foco del discurso a lo esencial: los hechos, los controles y las consecuencias.
Cuando la ciudadanía percibe lentitud en la rendición de cuentas, opacidad en los procesos o defensa corporativa frente a los señalamientos, el contraste entre discurso y experiencia cotidiana se vuelve inevitable.
La crisis del “no somos iguales” no es meramente comunicacional, es una crisis de confianza. Y la confianza, en democracia, no se restablece con consignas más enfáticas, sino con acciones consistentes en el tiempo.
Si la consigna quiere conservar significado, deberá abandonar el terreno de la retórica y trasladarse al de los hechos. Porque, al final, la ciudadanía no juzga lo que se promete, sino lo que se practica. Y en ese veredicto cotidiano es donde los eslóganes encuentran su confirmación… o su desgaste definitivo.
