La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a censurar a República Dominicana por sus políticas de repatriaciones de haitianos indocumentados, lo que considera una violación a los derechos humanos , ante lo cual el país reivindica su derecho a regular ingreso, permanencia y salida de extranjeros en su territorio.
Esta vez, la CEDH centra su denuncia en supuestas deportaciones nocturnas, despojo de pertenencia a repatriados, reportes sobre menores regresados sin acompañamiento de algún adulto e impedimento a diplomáticos haitianos a los centros de detención.
De comprobarse, esas s irregularidades en los programas de repatriación de haitianos en condición de estadía irregular deben ser subsanadas por propias autoridades migratorias mediante medidas de tipo administrativas que no interfieren con la aplicación de la ley.
Lo que resulta inadmisible es el emplazamiento que ha hecho ese órgano regional para que República Dominicana ponga fin a las repatriaciones de extranjeros indocumentados, porque se trata de una grosera violación a la soberanía nacional.
Ante ese despropósito, el gobierno dominicano ha reiterado su derecho y obligación de regular ingreso, permanencia y salida de extranjeros y, obviamente, de aplicar la ley de migración, sin menoscabo del respeto a los derechos humanos.
Queda claro el rechazo dominicano al reclamo de CIDH sobre la aplicación del principio de no devolución de manera general a todo inmigrante en condición irregular, porque eso equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aun irregularmente, al territorio nacional.
De manera maliciosa esa Comisión pretende ignorar que el fenómeno de presión migratoria que enfrenta República Dominicana se corresponde con la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití, lo que representa una carga desproporcionada que pone en peligro la seguridad interior de la nacion.
El Consejo Presidencial de Haití, que se debate en una crisis institucional, hace provecho desconsiderado y abusivo de los infundios que pronuncia la CIDH, para para también reclamar que la comunidad internacional obligue al gobierno dominicano a convertir el país en recipiente de la desaforada migración haitiana, lo que la Patria de Duarte rechaza con toda firmeza y determinación.
