“Si eres extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país”. Con estas palabras, música de fondo e imágenes de policías entrando por sorpresa a comercios para identificar y detener a inmigrantes ha publicitado el Gobierno argentino el endurecimiento de sus controles migratorios. Son los primeros compases de la nueva política del Gobierno de Javier Milei de cara a la inmigración irregular de su país. Y el paso previo a la Agencia de Seguridad Migratoria anunciada a finales del año pasado. Una nueva agencia con poder policial que es parecida, aunque con algunas diferencias, al ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas con el que Trump está expulsando a inmigrantes que viven en Estados Unidos.
Según reconoció a final de enero la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en los dos últimos meses Argentina ha batido récords de “expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos”. Las cifras, según la ministra, ascendieron en diciembre a 2.403 personas expulsadas y en enero a 2.300, como resultado del “refuerzo en las fronteras”. Además, ha anunciado la detención de personas ya dentro del país —como se puede ver en las imágenes compartidas por su cartera—, e importantes avances en la creación de la agencia migratoria que estará a cargo de Diego Valenzuela, exalcalde del municipio bonaerense de Tres de Febrero.
La agencia fue presentada en noviembre del año pasado por la entonces ministra de Seguridad y persona fuerte del actual Gobierno de Milei, Patricia Bullrich. El acto se realizó poco después de haber ganado con amplia diferencia y de manera sorpresiva en las legislativas de octubre. Y tras los grandes cambios en el régimen migratorio argentino, pasando las competencias del Ministerio de Interior al de Seguridad. Además, también se recrudecieron las restricciones para la obtención de residencia y se acabó con la gratuidad en la atención médica para extranjeros en hospitales públicos, entre muchos otros cambios.
¿Una policía migratoria parecida al ICE?
Desde que se anunció la intención de crear esta agencia fueron muchos los que la relacionaron con las políticas migratorias de Trump, su principal aliado político y del que recibió la ayuda económica y el apoyo público necesario para el empujón electoral de octubre. De hecho, el propio Milei compartió en noviembre del año pasado un mensaje en redes sociales de un medio afín a su Gobierno, La Derecha Diario, en el que se festejaba la “llegada del ICE argentino”. Sin embargo, las polémicas que han envuelto al ICE en Estados Unidos —con detenciones que organizaciones internacionales consideran ilegales y las muertes a manos de los propios agentes— han provocado que el Gobierno de Milei se haya desvinculado ahora del programa de EEUU.
La propia Monteoliva ha insistido en que la futura agencia será “completamente distinta” al ICE, y que su objetivo “no será la persecución de migrantes”. “Los que tienen que estar preocupados son quienes delinquen: homicidas, violadores, terroristas”, dijo la ministra en una entrevista con Radio Mitre. No obstante, en otras declaraciones reconoció que se tramitarán procesos de expulsión a personas que estén en el país de manera irregular. Por lo que no serán expulsados solo los que hayan cometido delitos, ya que estar de manera irregular en un país no es un delito penal, sino de infracción administrativa.
Según el Ministerio, con esta agencia buscan “unificar el control migratorio y la seguridad en una nueva estructura”, relacionando el concepto de inmigración y seguridad o delito. En el comunicado se recoge que al programa para combatir el “delito transnacional y la inmigración ilegal” se le otorgará “poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera”. Aunque se insiste en el control fronterizo, como ocurre con el ICE, también tiene una importante pata de control en el interior del país. Una de estas redadas fue la realizada en enero en una feria de Villa Celina, donde un macro operativo identificó y evaluó a cerca de 400 personas, de las que solo 16 tenía asuntos migratorios, es decir, cuestiones que no tenían que ver con delitos.
La política migratoria en Argentina y la percepción social
En los últimos años se ha producido un fenómeno global del que Argentina no ha sido una excepción. La vinculación desde la política de la inmigración con la delincuencia ha llevado a países con niveles bajos de desaprobación hacia el inmigrante y con una tradición histórica de fuerte presencia de inmigración a aplicar políticas para “aumentar el control”. Según una encuesta de UADE y la consultora Voice!, solo el 17% de la población argentina posee una opinión negativa sobre la inmigración.
En el mismo sentido se expresa Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos argentina, que reconoce a este medio que “Argentina no tiene un problema de irregularidad migratoria”, ya que “en los últimos 20 años se ha regularizado a través de cauces legales a alrededor de dos millones de personas”. “Lo que intenta el Gobierno con esta agencia es tratar de vincular la delincuencia con migración irregular. Y lo hace a través de un cambio estético que se ve en las imágenes que difunden”, afirman desde CELS. “Migraciones siempre hizo operativos de control en fábricas, hoteles, vía pública, etc. La diferencia es que nunca necesitó estar acompañado de fuerzas de seguridad fuertemente armadas”.
Morales asegura que con la llegada de Milei se está complicando acceder a la regularización. “Con los cambios de costos, trámites complejos y requisitos poco claros que han añadido, hoy se ha aumentado cerca de un 1.000% las posibilidades de acceder a una regularización”, explica. Además, señala que la situación puede crear un problema que hasta ahora no existía. “Con el tiempo es posible que esta política genere una situación de irregularidad migratoria en el país que luego justifique la expulsión de mucha gente. Y esto es algo que va en contra de la legislación argentina y de los instrumentos internacionales”, sentencia.
