Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
SANTO DOMINGO. — La Dirección General de Migración (DGM) desvinculó a 263 integrantes de su personal, en el 2025 y en lo que va del presente año 2026, a quienes se les comprobó su participación en acciones que violan las normas institucionales.
La institución precisó que esto se produjo como resultado de 980 procesos de investigación administrativa y seguimiento a procesos internos en los cuales se han visto envueltos empleados de la institución.
Explicó que de estos casos, a los que da seguimiento la Dirección de Asuntos Internos de la DGM, 185 expedientes siguen en estado de investigación, 244 empleados han sido amonestados y sancionados, 66 suspendidos, 123 han sido trasladados, 21 despachados y en 75 no se adoptó ningún tipo de sanción, porque no se pudo comprobar la participación de los investigados en los hechos imputados.
“Estos resultados evidencian un sistema activo de supervisión institucional, donde las investigaciones se desarrollan bajo criterios de objetividad, respeto al debido proceso y aplicación proporcional de las medidas correspondientes y las normativas del Ministerio de Administración Pública”, afirma la Dirección General de la DGM.
La institución señala que por el riguroso seguimiento que da a los procesos necesarios en los servicios migratorios a los ciudadanos, en aeropuertos, puertos y puntos de control en la frontera terrestre que están a cargo de la DGM, el año pasado, el Departamento de Investigaciones procesó 7,050 casos de fraude documental, 4,400 de suplantación de identidad, 850 casos de procesos migratorios y 185 casos de intentos de violación de impedimentos, sustentados en órdenes judiciales.
“La DGM, reitera su política de no tolerancia frente a cualquier tipo de acción que vaya en contra de la naturaleza y la misión para la cual fue creada la institución; y que mantiene una política de no hacer concesiones a favor de personas que estén en procesos de investigación por violación a la Ley 285-04.
En ese sentido, reafirma su disposición a mantener los operativos de interdicción migratoria a nivel nacional, así como los procesos de deportación de extranjeros en condición migratoria irregular, respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas, así como la protección de sus propiedades en el marco de acciones éticas, responsables y transparentes”.
También reiteró “su compromiso de continuar fortaleciendo la ofensiva contra la presencia de migrantes en condición irregular en el país, asegurando que estas acciones se desarrollen dentro del marco de las disposiciones legales vigentes, con apego a los derechos humanos y a los principios de transparencia institucional».
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