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"Afecta el poder adquisitivo y la estabilidad financiera."
- Es clave que estas medidas sean temporales y estén claramente vinculadas a la crisis.
La guerra en torno a Irán ha generado un shock petrolero clásico y, para los países de ingreso medio que son importadores netos de petróleo, esta es una de las situaciones económicas más difíciles de gestionar. El aumento de los precios del petróleo eleva la inflación, frena el crecimiento y deteriora la balanza externa al mismo tiempo. Incluso un incremento moderado puede presionar los precios internos y debilitar la actividad económica. Para los países importadores, además, encarece directamente la factura de importación y genera presión sobre el tipo de cambio y las cuentas fiscales. En este contexto, los gobiernos no pueden depender de una sola política; necesitan una respuesta equilibrada que proteja la economía sin crear problemas mayores en el futuro.
El primer principio, y probablemente el más sustancial, es evitar los subsidios generalizados a los combustibles. Aunque políticamente puedan parecer atractivos, suelen ser costosos, distorsionan las señales de precios y pueden empeorar la situación al incentivar un mayor consumo en un momento en que el mundo necesita ajustarse. En lugar de eso, la mejor alternativa es permitir que los precios se ajusten gradualmente, al tiempo que se protege a los hogares más vulnerables mediante transferencias focalizadas. De esta manera, se mitiga el impacto social sin comprometer la sostenibilidad fiscal. En la práctica, esto implica utilizar programas sociales existentes o sistemas de pagos digitales para apoyar a los grupos de menores ingresos, en lugar de subsidiar a toda la población.
Al mismo tiempo, la política fiscal debe mantenerse disciplinada. Los shocks petroleros tienden a aumentar el gasto público mientras reducen el crecimiento, una combinación peligrosa para las finanzas públicas. Los gobiernos deben priorizar el gasto, eliminar programas ineficientes y redirigir recursos hacia necesidades urgentes como la seguridad alimentaria, el transporte y la protección social. Es clave que estas medidas sean temporales y estén claramente vinculadas a la crisis. De lo contrario, existe el riesgo de déficits más altos de forma permanente y un aumento de la deuda pública que podría convertirse en un complejidad aún mayor.
La política monetaria también juega un papel fundamental. Los bancos centrales no deben reaccionar de manera excesiva, pero tampoco pueden ignorar la inflación. Los shocks energéticos suelen elevar la inflación general, pero lo sustancial es evitar que este aumento se propague al resto de la economía. Si las expectativas de inflación se mantienen ancladas, los bancos centrales pueden actuar con cautela y evitar un endurecimiento agresivo que perjudique el crecimiento. Sin embargo, si la inflación comienza a generalizarse, será necesario ajustar las tasas de interés para mantener la credibilidad. La clave es actuar con flexibilidad, guiados por los datos.
La política cambiaria es otro instrumento sustancial. Para los países importadores de petróleo, el tipo de cambio suele verse presionado al alza debido al aumento de la factura de importación. Permitir cierta depreciación de la moneda puede ayudar a absorber el shock, ya que encarece las importaciones, pero favorece las exportaciones y el turismo. En algunos casos, los bancos centrales pueden intervenir para evitar una volatilidad excesiva, especialmente si cuentan con reservas suficientes. Sin embargo, defender un tipo de cambio fijo a toda costa suele ser costoso e insostenible.
Otro elemento clave es reducir la dependencia energética en el mediano plazo. Crisis como esta ponen en evidencia debilidades estructurales. Los países altamente dependientes del petróleo importado de manera constante serán vulnerables a shocks externos. Por ello, los gobiernos deben aprovechar este momento para acelerar la inversión en energías renovables, eficiencia energética y fuentes alternativas. Aunque no es una solución inmediata, es fundamental para fortalecer la resiliencia económica a largo plazo.
La seguridad alimentaria también debe formar parte de la respuesta. El aumento en los precios del petróleo suele traducirse en mayores costos de fertilizantes y transporte, lo que termina elevando los precios de los alimentos. Los gobiernos pueden apoyar la producción agrícola mediante subsidios temporales a insumos clave o apoyo focalizado a los productores, con el fin de evitar una segunda ronda de inflación a través de los alimentos. Esto es particularmente sustancial en países de ingreso medio, donde los alimentos representan una proporción significativa del gasto de los hogares.
Finalmente, el apoyo internacional puede marcar la diferencia. múltiples países no podrán absorber este shock por sí solos. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden proporcionar financiamiento, asistencia técnica y orientación en políticas públicas. El acceso a instrumentos financieros flexibles permite a los gobiernos responder a la crisis sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
En definitiva, la mejor respuesta de política no consiste en elegir entre crecimiento y estabilidad, sino en proteger ambos. Los gobiernos deben actuar con cuidado: proteger a los más vulnerables, mantener la disciplina fiscal, controlar la inflación e invertir en resiliencia a largo plazo. Este tipo de crisis no puede evitarse, pero sí puede gestionarse. Los países que respondan con disciplina, flexibilidad y prioridades claras estarán mejor posicionados para salir fortalecidos.
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