El Ministerio Público, al que en ocasiones abriga dudas razonables al actuar acompañado de la fuerza pública para penetrar legalmente a privacidades ciudadanas, ha decidido jugar limpio y poner distancia de actos individuales y deshonrosos de quienes participan en nombre de la ley –tanto del propio cuerpo judicial como de auxiliares policiales- al aplicar la herramienta procesal que consiste en irrumpir en lugares vedados constitucionalmente por respeto a la intimidad. Un marco de operaciones que debe estar bajo estricto control de la superioridad.
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