Más de 20 altos ejecutivos acudieron el pasado viernes a la Casa Blanca, en representación de las mayores compañías del negocio petrolero global (muchas más que las tradicionales siete hermanas de antaño), para conocer de primera mano la tarea que el presidente Donald Trump les quería proponer, tras su autoproclamación, una vez capturado Nicolás Maduro, como gatekeeper del petróleo en Venezuela: organizar la toma y control de la industria venezolana para la explotación y comercialización de sus hidrocarburos.
“Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y aportar millones de barriles de producción para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero”, dijo el mandatario estadounidense, no sin antes deslizar, como acostumbra, la noción de que está al mando: “Vamos a ver a quién vamos a dejar entrar”, dijo. Pero ni esa advertencia, ni la promesa de que Washington pudiera subsidiar la operación, impidieron que las respuestas iniciales de las compañías -en particular, de ExxonMobil, y con las previsibles excepciones de Chevron y de la española Repsol, que ya hacen negocios en Venezuela- oscilaran entre la frialdad y la abierta renuencia. Los bajos precios del crudo y la inestabilidad político-jurídica en Caracas no invitan a la aventura.
Poco antes, Trump había asegurado en su cuenta de Truth Social que las autoridades tuteladas del chavismo, ahora bajo el mando de la recién nombrada Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, se comprometieron a darle acceso a “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo que ahora yacen en el subsuelo de Venezuela, el país con las mayores reservas probadas del mundo (aunque buena parte de esas reservas corresponden a crudos extrapesados, de difíciles extracción y procesamiento). En vista de ello, Trump pidió a las petroleras una inversión superior a los 100.000 millones de dólares para la recuperación de la industria venezolana, arruinada tras un cuarto de siglo de falta de inversiones y mantenimiento, así como de descapitalización al funcionar como caja chica del régimen bolivariano.
Tal promesa entraría en conflicto con otra obligación que la misma Delcy Rodríguez, en su rol de Ministra del Petróleo, había asumido desde 2024. Entonces concibió y ejecutó una racha reprivatizadora de la actividad petrolera, que justamente procuraba atraer nuevos inversionistas. Para ello se valió de una figura legal novedosa, los Contratos de Participación Productiva (CPP), que garantizaban a los empresarios privados una relación más ventajosa y rentable que la prevista en el anterior esquema de empresas mixtas de Hugo Chávez.
La campaña terminó por ser una auténtica piñata. Varias áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la cuenca del Lago de Maracaibo fueron asignadas a empresas privadas, la mayoría desconocidas, con más apetito por el negocio que experiencia en el mismo. Muchas de ellas eran propiedad de amigos políticos y comerciales no solo del régimen, sino hasta de la propia Delcy Rodríguez.
En anteriores ediciones, Armando.info ha contado cómo algunas de esas concesiones recayeron en mamparas corporativas del magnate estadounidense Harry Sargeant III, en asociación con el famoso bolichico, Alejandro Betancourt; o de un empresario conectado con el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien, a través de dos de sus exministros, desde hace años asesora a Delcy Rodríguez en materia económica.
Pero esos contratos no son los únicos que acaban de quedar en entredicho por la espectacular intervención militar de Estados Unidos y, sobre todo, por la intención de Trump de manejar el negocio petrolero en Venezuela, de ahora en adelante, con las compañías de vuelta sobre el terreno. Además de los de la dupla Sargent-Betancourt y de los ecuatorianos, Rodríguez entregó CPP a otras 14 empresas, que empiezan a asomarse como bajas indirectas de la Operación Absolute Resolve del 3 de enero.
Cuentos chinos
El 12 de agosto de 2025, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, confirmó a la empresa Hainan Breey Energy Co. Ltd que su CPP entraría “en vigor” a partir del 1 de septiembre, tras haber comprobado que la compañía había cumplido requisitos como la “prueba de fondos”, el “programa de trabajo” y las “capacidades técnicas”, entre otros criterios.
Ambas partes habían firmado antes el CPP que permitiría a Hainan Breey Energy la explotación del campo Dobokubi en la Faja Petrolífera del Orinoco. La carta del presidente de Pdvsa iba dirigida a Jiang Fucal, a quien identificaba como “representante legal” de la empresa. Pero, de acuerdo con fuentes internas de la industria petrolera, el rastro de Hainan Breey Energy Co. Ltd en realidad conduce al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, y con otros miembros de la familia de la Primera Dama o Primera Combatiente, como la conoce la jerga oficial chavista. Mientras Cilia Flores también resultó capturada por las tropas estadounidenses la madrugada del 3 de enero y llevada a Nueva York, donde ahora enfrenta un juicio, el propio Carretero Napolitano fue blanco, días antes, de una sanción del Departamento del Tesoro.
Antes del otorgamiento de la licencia para explotar el campo Dobokubi, Hainan Breey Energy ya se había convertido en una de las principales prestadoras de servicios para Pdvsa en el norte del estado Monagas, en el oriente del país. Allí ha ejecutado trabajos de “well testing”, “tubería continua”, “guaya fina” y “cañoneo”, entre otros servicios, tal como lo confirman documentos obtenidos para este reportaje. La empresa no cuenta con una página web.
En los primeros días de diciembre de 2025, los trabajadores de otra de las adjudicatarias de CPP, Vulcan Energy Technology, con sede en el estado Anzoátegui, se reunieron en un club para celebrar el buen año que cerraba con la obtención del contrato para explotar el campo Cariña de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Constituida originalmente en Sheung Wang, uno de los asentamientos originales de Hong Kong, Vulcan Energy Technology Limited abrió en octubre de 2024 su sede en Venezuela. Hou Yunfu, representante para Venezuela de la empresa, y Norberto Apolinar Yibirín, abogado especializado en “propiedad Intelectual de marcas, patentes de invención científica y derechos de autor”, como se presenta en su cuenta de la red Instagram, registraron la oficina principal de la empresa, bajo el nombre de Vulcan Energy Technology Venezolana, C.A., en El Rosal, la antigua milla de oro financiera de Caracas. Del mismo modo que Hainan Breey Energy, Vulcan empezó como un proveedor de “servicios de inversión y financiamiento de proyectos y desarrollos, asesorías, mantenimiento, instalación y compra y venta de suministros para la industria petrolera”, como reza su expediente, para luego ser beneficiado con el otorgamiento de un CPP.
Aunque sin experiencia demostrable en el sector petrolero venezolano, Vulcan supo cómo despuntar con su desempeño. Según documentos de Pdvsa revisados por Armando.info, de la producción total de las empresas que tienen CPP -unos 227.000 barriles en septiembre de 2025- Vulcan produjo el año pasado poco más de 5%, superada de lejos por Nabep, de Sargeant, que aglutina 32% de esa producción.
Otro adjudicatario de CPP es la empresa China Concord Petroleum Co. Limited (CCPC), que desde septiembre de 2019 acarrea sanciones de Washington por “participar a sabiendas en una transacción significativa para el transporte de petróleo desde Irán”. A CCPC se le asignó el campo Lagunillas Lago, sobre la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo.
Aunque es una compañía privada, ha estado asociada con Kunlun Holding, una empresa de la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC). Sus dueños, tal como está reflejado en la sanción que sobre ellos impuso la OFAC, son Bin Xu, Yi Li, Yu Hua Mao, Luqian Shen y Yazhou Xu.
Una fuente del sector, consultada por Armando.info en mayo pasado, especificó que el acuerdo con Pdvsa otorgaba 50% de las ganancias a esta empresa china, con el beneficio adicional de que el Estado venezolano, a través de Pdvsa, asumiría los gastos de adecuación tecnológica. Esta misma fuente apuntó que el proyecto ha cerrado toda participación de trabajadores y sindicatos en las tomas de decisiones.
A su llegada a Lagocinco, otro campo del estado Zulia que también le fue asignado por el CPP, China Concord Petroleum Co. Limited asumió la meta de triplicar la producción desde los actuales 50.000 barriles diarios a 150.000. “Los chinos tendrán el control aguas arriba [en la propia producción] y aguas abajo [en la comercialización]. Están reparando bombas y equipos. En la comercialización tienen todo disponible para llenaderos y estaciones de servicio”, informó entonces la fuente, que habló a condición de mantener su nombre en reserva. Y añadió un dato sorprendente: el CPP es indefinido. Una duración que podría ser vitalicia pero que ahora puede tener un final abrupto si se concreta el takeover de Trump.
Pero, de acuerdo con fuentes de la industria petrolera, la operación de China Concord en Venezuela es otra pantalla, detrás de la que se encuentra Alex Saab Morán, actual Ministro de Industrias, heredado del gabinete de Maduro, y quien durante años fue el contratista predilecto del presidente prisionero. En el pasado, durante la etapa de Tareck El Aissami como Ministro de Petróleo, Saab, junto a su socio Álvaro Pulido, participaron en la irregular comercialización de petróleo venezolano que dejó un hueco en las arcas de la petrolera estatal y sirvió como detonante para el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, que produjo una purga interna en las altas esferas del chavismo.
Recientemente el diario The New York Times reveló que Saab está involucrado en los cargamentos de petróleo a bordo de tanqueros que han intentado burlar el bloqueo naval impuesto en las costas del Caribe Sur por Estados Unidos contra la llamada flota fantasma que sirve a países sancionados, como Rusia, Irán y la misma Venezuela. El diario estadounidense reportó que el mercader barranquillero había fletado un buque que regresó a puertos venezolanos a solicitud de las propias autoridades de la administración de Delcy Rodríguez, con apoyo militar norteamericano, ya que habría zarpado desde Venezuela sin autorización.
Otra empresa que vivió una bonanza en el reparto de Delcy Rodríguez es Conbest Group, C.A., constituida en Caracas en octubre de 2024. En diciembre de ese mismo año, apenas dos meses después de fundada, estaba ya inscrita y habilitada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Y apenas un año más tarde recibió un CPP para trabajar en el campo Ayacucho 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Sus dueños en los papeles son, de nuevo, unos ciudadanos chinos: Yuxiang Du y Yuchi Cen. Este último ofrece la cara más pública del negocio. En su perfil de la red Linkedin se presenta como un ejecutivo con 10 años de experiencia en el desarrollo, distribución, explotación y extracción de petróleo. Allí asegura tener “25 años en relaciones laborales sociales”.
En cualquier caso, lo que su experiencia sí abarca son actuaciones previas de Yuchi Cen como proveedor del Estado chavista. My Eyes Construcciones Group, Vacen Global Marketing Limited, C.A. (constituidas ambas en 2013) y Evacen Petrochemical Supplies, C.A. (de 2016) están todas registradas en el RNC venezolano. De hecho, esta última, de acuerdo con un documento de Pdvsa del año 2020, era vista como una “nueva posible inversión” para la petrolera estatal. Esa empresa, Evance, aparecía de primera en una lista de 20 empresas que firmaron acuerdos de confidencialidad para el posterior otorgamiento de concesiones. El citado documento detalla que a Evacen le serían otorgadas, por parte de la denominada comisión presidencial Alí Rodríguez (eliminada por Maduro en marzo de 2023), los campos Ayacucho 1, Yopales Norte, Budare, Cachicamo, Caricari y Socororo.
Todas las empresas que Yuchi Cen representa comparten una misma sede, una oficina en el Centro Comercial Galería Los Naranjos, en el municipio El Hatillo del sureste de Caracas.
Los que juegan de local
Otra de las empresas adjudicatarias de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco, otorgados mediante los CPP, es Cavallino Oil Company, cuyo dueño, con 100% de las acciones, es Carlos Enrique Abreu Bello, venezolano de 48 años. La empresa, aunque creada en 2018, no tuvo actividad alguna hasta el año pasado, cuando mostró aumentos consecutivos de su capital, modificó su objeto social y se registró, el 15 de enero de 2025, en el RNC como proveedor del Estado.
Esa súbita modificación en los documentos de la empresa ocurrió justo antes de la asignación para operar el campo Bare de la Faja Petrolífera del Orinoco. Según se constata en el mismo RNC, en tan solo un año Cavallino Oil Company consiguió pasar de un simple proveedor de servicios de perforación, mantenimiento y supervisión de flujo de pozos petroleros en Venezuela, a un productor. La producción de crudo de Cavallino Oil Company representa 3,8% del total de producción amparado por los CPP.
La historia de Abreu Bello como empresario petrolero se remonta a 2018, con la creación de la empresa Well Services Cavallino, también contratista del Estado y socia, junto con Pdvsa, de la empresa Roraima Servicios Petroleros, registrada en Monagas, igual que Cavallino Oil. En el RNC, Roraima refleja una muy limitada experiencia, con apenas dos contratos pequeños de transporte y mudanza con la estatal petrolera.
Armando.info tuvo acceso a varios documentos que muestran que la Well Services Cavallino de Abreu Bello ha llevado a cabo trabajos de “coil tubing” para la estatal petrolera, un proceso que consiste en la introducción de tuberías flexibles para el mantenimiento de los pozos petroleros. Los documentos revisados muestran además que estos servicios eran subcontratados para Pdvsa por la empresa Oryx Resources, cuyo dueño era Samark López Bello, señalado como testaferro del ex Vicepresidente Ejecutivo de la República y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami. Tanto El Aissami como López cayeron en desgracia ante la autodenominada Revolución Bolivariana en 2023, acusados y arrestados por corrupción.
Uno de los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco es el bloque Ayacucho -además de los bloques Junín, Boyacá y Carabobo- que, por la magnitud de sus reservas, es uno de los más codiciados. Dividido en varios sub bloques, el número 6 fue entregado por un CPP a la empresa West Construcciones, oriunda del estado Zulia.
Esta luce como una de las asignaciones de CPP más llamativas pues, aunque West Construcciones es una empresa creada en el año 2001, su hoja de contrataciones en general y con el Estado venezolano en particular tiene que ver con obras de construcción e infraestructura de todo tipo, y no con actividades de explotación o servicios petroleros.
Según las fichas del RNC consultadas para este trabajo, West Construcciones ha sido contratada por varias entidades del Poder Ejecutivo -como las alcaldías de Maracaibo y San Francisco en Zulia, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el de Interior y Justicia, por ejemplo-, y lo más cerca que había estado estado de Pdvsa hasta que recibió la concesión fue cuando se hizo cargo de la realización de al menos cinco trabajos de adecuación y construcción de comedores, sobre todo en centros de refinación entre los años 2020 y 2021.
La empresa tiene sucursales en Falcón y Anzoátegui, y como dueño figura Juan Pablo Fereira Rosillo, hermano de Joan Manuel Fereira Rosillo, un conocido contratista del Estado venezolano. El nombre de este último ha aparecido entre los elencos de algunos casos turbios, como el de la famosa estafa piramidal conocida como La Vuelta, que tuvo lugar en el estado Zulia en 2012. También la Fiscalía de Suiza lo identificó como beneficiario final de la empresa Rote Energy, que recibió 2,2 millones de dólares de la empresa brasileña de ingeniería civil, Odebrecht, en relación con las obras millonarias e inconclusas de la represa de Tocoma, en el estado Bolivar del sureste de Venezuela.
Y hablando de Brasil: otra de las empresas que tiene asignado un CPP desde el año pasado es el Consorcio Alvorada & Cladoca, asociación de la brasileña Consorcio Alvorada y de la venezolana Inversiones Cladoca. Esta última se constituyó en el estado Monagas y exhibe, a diferencia de la mayoría de sus pares, un historial largo de obras ejecutadas y servicios prestados para la industria petrolera.
Inversiones Alvorada & Cladoca, registrada en junio de 2024, es también la única de las empresas con CPP que, de manera explícita, informa en su objeto social de su dedicación a la producción de petróleo: realiza “conjunta y mancomunadamente, la búsqueda y consecución de oportunidades de negocio ligados a la actividad petrolera, entre ellos la consecución del mencionado de ASH o de CPP”, según se lee en su acta de constitución. Desde el año pasado explota el CPP Boca-Güico-Guara, que comprende una buena porción del sur del estado Anzoátegui, y aunque cumple con la totalidad su cuota de explotación, esta solo representa 1,2% del total de barriles que producen las empresas con CPP.
Según refleja su actividad en el RNC, la venezolana Inversiones Cladoca tiene una trayectoria de trabajos en el sector petrolero no solo para Pdvsa (de 166 contratos registrados en el RNC, al menos 80% fueron obras y servicios petroleros contratados por la estatal petrolera venezolana), sino también para empresas extranjeras, como Exxon Mobil y Halliburton, en la perforación de pozos petroleros desde 2003.
Entre opacos y fantasmales
En general, las empresas adjudicatarias de CPP han sido muy celosas en mantener fuera del foco público su relación con Pdvsa. Algunas, quizás por diseño, tienen nombres comunes, difíciles de pesquisar. Tal es el caso de Servicios y Mantenimientos Orinoco Oil C.A. -en los registros mundiales hay decenas de empresas que incluyen la denominación Orinoco Oil-, que opera con un CPP en el campo Arecuna, al sur de la población de El Tigre, en el estado Anzoátegui.
Fundada en 2013 precisamente en El Tigre, el objeto fiscal de Orinoco Oil es amplio: desde la explotación de actividades propias de la construcción, pasando por la obtención de contratos y subcontratos para la realización de toda clase de obras civiles, hasta el “acarreo de materiales sólidos derivados del petróleo, transporte de fluidos químicos sólidos y líquidos, transporte de desechos peligrosos y no peligrosos a sitios autorizados por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y por Petróleos de Venezuela, S.A.”. La sociedad la componen un presidente, Ramón David Martínez Sung, y una vicepresidenta, Antnoly Coromoto Basabe Añez.
Contratista del Estado venezolano al menos desde 2016, Orinoco Oil, C.A. tuvo oficinas en la sede de Pdvsa de San Tomé, Anzoátegui. Con ese amplio catálogo, arriba sintetizado, fichó en el RNC, hasta que en 2025, según los documentos de la petrolera estatal venezolana a los que tuvo acceso Armando.info, se hizo con el contrato más jugoso de su historia a través del CPP que ahora maneja.
Del entramado de empresas adjudicatarias de CPP, algunas pasan de lo opaco a lo deliberadamente etéreo, como es el caso de Asiática del Caribe Energy, C.A. Con un sitio web que aún luce en construcción y en el que sólo es permitida una interacción, la de enviar mensajes, ni siquiera tiene rastro en el RNC. Asiática del Caribe tiene asignado el campo Dación, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, y para finales del año pasado había producido 2,8% de los barriles del total de lo que producen las empresas adjudicatarias de CPP.
Un rastro aún más tenue es el que la cobertura de Armando.info encontró de la empresa Proven Reserves Limited, que tampoco tiene dirección, registro, cuenta de correo electrónico o teléfono conocido. Tampoco una página web. La única señal de existencia de esa empresa se encuentra en los documentos de Pdvsa revisados para este trabajo, en donde consta que Proven Reserves quedó a cargo del CPP Río Caribe, en la península de Paria del estado Sucre, extremo nororiental de Venezuela, del cual no ha logrado extraer un solo barril. Por ahora es tan solo una promesa que, como las demás asignaciones de los CPP, están en riesgo por el previsible desembarco de las petroleras, estadounidenses y de otros países, convocadas por Donald Trump.
