La reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena, en la práctica, mutilar el Parque Nacional Jaragua para favorecer intereses privados bajo el pretexto de una "actualización catastral" es más que un desatino jurídico. Es la evidencia de una patología institucional que se niega a morir. ¿Les digo algo? Ya no basta con apelar el fallo; ha llegado la hora ineludible de juzgar a los juzgadores. Es imperativo investigar a fondo cómo es posible que, tras décadas de victorias morales y legales del pueblo dominicano para recuperar Bahía de las Águilas, se mantenga vigente, activa y con tanta fuerza la intención de apropiarse del patrimonio público. ¿Qué resortes oscuros permiten que una conspiración histórica, que cambia de nombres corporativos, pero no de mañas, encuentre todavía eco favorable en los estamentos de justicia? No estamos frente a un simple error técnico, sino ante una amenaza sistémica donde un "mapa" administrativo pretende tener más peso que la Ley Sectorial y la propia Constitución. Debemos entender, con urgencia, que defender el Jaragua y nuestra biodiversidad no es un simple activismo ambiental; es la única garantía real para la supervivencia y la continuidad de la nación dominicana. Sin la integridad de nuestros ecosistemas, la vida en la isla es inviable a largo plazo. Permitir que la ambición de unos pocos desmiembre el territorio protegido es firmar nuestra propia extinción.
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