Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Acaba de publicarse el informe “Radiografía de la Seguridad Social”, que aborda los resultados económicos y el costo social de las administradoras de fondos de pensiones en República Dominicana.
En esta y las siguientes columnas abordaremos los hallazgos y sus serias implicaciones para la sociedad y las políticas públicas, sobre lo cual adelantamos aquí algunos elementos sobre un panorama, a todas luces, crítico.
Los hechos son, otra vez, incontestables, con los datos oficiales que emite la Superintendencia de Pensiones. En 2025, otra vez, las AFP volvieron a tener ganancias en aumento, por encima de los RD$5,000 millones, incluso por encima del crecimiento económico del país. Asimismo, las AFP, una vez más, obtienen rentabilidad económica y financiera récord, muy por encima de los bancos, con un negocio en el que administran fortunas sin prácticamente poner una silla ni realizar una sola actividad que genere valor.
Con esto queda demostrado lo que se dijo desde 2019 cuando se planteó un nuevo esquema de comisiones en el cual las AFP cobran por el fondo administrado, lo cual quedó finalmente estampado en la Ley 13-20. Con un fondo que crece cada año con las cotizaciones de las personas y sus empleadores, las AFP dejaron de estar expuestas a los vaivenes del mercado -que preocuparían desde el más grande empresario al más humilde colmadero- y quedaron con un blindaje para tener ingresos y ganancias crecientes, pase lo que pase en el país y en el mundo.
Algo más llama poderosamente la atención: también crecieron los gastos operativos y generales, quedando muy por encima de las ganancias. ¿Qué puede explicar que las AFP necesiten más de RD$7,000 millones para funcionar en un año, dinero puesto por todos los dominicanos? ¿Quién supervisa y fiscaliza la veracidad de estos datos y que no sean una ganancia encubierta o tácticas contables para rebajar impuestos?
En este escenario, las AFP ratifican el modelo de negocios que sostiene sus altas ganancias: lejos de cumplir, la ley que dispone priorizar las inversiones en actividades que dinamicen la economía y generen empleo, las AFP tienen las fichas puestas en la industria de la deuda estatal y el déficit cuasi fiscal, donde ponen el dinero de los cotizantes y estos mismos pagan capital e intereses con sus impuestos.
También lo hacen en la industria de apalancar proyectos privados a discreción, o en el salvataje de empresas para que paguen sus deudas a los mismos grupos financieros, con los fondos de pensiones como cajero automático aunque luego el valor de estas inversiones se venga abajo. En esto, el caso de la empresa AOCISA o César Iglesias es ejemplo paradigmático.
Mientras todo esto sucede, los análisis que la SIPEN pidió al Banco Mundial en 2025 ratificaron lo que todos saben desde hace más de una década: las "pensiones" de las AFP en promedio no superarán el 30 % del ingreso laboral de los cotizantes, y una gran parte de estos jamás cumplirán los requisitos que la ley impone para esa mísera jubilación, perjudicando al trabajador y asegurando el éxito del administrador, en una “ley del embudo” perfecta.
La publicación Las AFP: costo y nada más apareció primero en El Día.
