Diversos análisis de tráfico regional ubican a Guatemala como corredor clave de cocaína hacia Estados Unidos, y estimaciones especializadas señalan que una proporción muy significativa, acercándose a niveles superiores al 80% cuando se considera el tránsito centroamericano, pasa por rutas que cruzan nuestro territorio.

Ese tránsito no es una cifra fría. Es dinero en movimiento y capacidad financiera acumulándose en estructuras que no aparecen en papeletas electorales.

El estudio Drugs, Guns and Cash 2.0, presentado por FUNDESA, advierte que el narcotráfico en la región no solo mueve droga: mueve armas y flujos financieros que buscan refugio y protección institucional. El crimen organizado no necesita controlar cada espacio; le basta asegurar puntos estratégicos.

Aunque solo una fracción de ese dinero permanezca en Guatemala, es suficiente para distorsionar economías locales y financiar lealtades. El Ministerio de Gobernación ha reportado incautaciones cercanas a diez toneladas anuales en distintos periodos. Y lo incautado es apenas parte del flujo total.

Si eso es lo que se intercepta, la magnitud real es considerable.

El narcotráfico moderno entendió que la confrontación abierta provoca reacción; la influencia silenciosa genera control duradero. El riesgo comienza en lo local: municipios estratégicos, campañas con recursos desproporcionados y economías sin explicación productiva clara.

Cuando el control territorial se vuelve funcional a economías ilícitas, el problema deja de ser policial y se convierte en institucional.

Y ahí aparece el punto central: la próxima elección ya está siendo financiada con dinero ilícito.

No solo la elección general futura. También la integración del Tribunal Supremo Electoral, el papel de la Corte de Constitucionalidad y la próxima designación del Fiscal General. El TSE define reglas; la Fiscalía decide qué se investiga; la CC fija los límites constitucionales.

En un país corredor del narcotráfico, esas decisiones no son administrativas; son estratégicas.

No se trata de afirmar irresponsablemente que las instituciones estén capturadas, sino de reconocer que el riesgo aumenta cuando flujos ilícitos tienen capacidad de inversión política.

El crimen organizado no actúa por ideología. Actúa por retorno. Y ese retorno se cobra en impunidad y reducción de riesgo operativo.

La diferencia entre funcionalidad institucional y persecución política es crucial. Un Ministerio Público debe perseguir delitos con criterios técnicos; un TSE debe garantizar competencia equitativa; una CC debe defender la Constitución.

Blindar estos procesos es seguridad nacional. Implica fortalecer la cooperación con Estados Unidos en inteligencia financiera e interdicción y respaldar el trabajo operativo de la Policía Nacional Civil.

Pero los decomisos no bastan si no protegemos las reglas.

La próxima elección ya está siendo financiada con dinero ilícito. Y no lo sabremos el día de la votación, sino cuando decisiones estratégicas comiencen a favorecer a quienes nunca compiten en las urnas. Si el dinero ilícito condiciona la integración del TSE, la designación del Fiscal General o la interpretación constitucional, no será una derrota electoral: será una alteración estructural del sistema. La democracia no muere cuando se suspenden elecciones; muere cuando las reglas ya fueron influenciadas antes de marcar la papeleta.

En ese momento el voto deja de ser soberanía y se convierte en formalidad. Y un país donde el voto es formalidad ha perdido el control de su destino.