El informe “Mujeres de la Montaña, Renacer entre los Filos del Olvido” elaborado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, revela que en esa región se han registrado 168 víctimas de feminicidio entre 2014 y 2026; sin embargo, muchos casos no son clasificados oficialmente como feminicidios, sino como otros delitos, lo que reduce su visibilidad en las estadísticas oficiales.
Durante su presentación en el Senado, Abel Barrera, director de dicho centro, expuso que los testimonios describen escenarios de alta brutalidad, con mujeres encontradas calcinadas dentro de vehículos o asesinadas con machetes, evidenciando un patrón de violencia grave y sistemático.
En municipios como Tlapa de Comonfort, en Guerrero, se denuncia que únicamente existen tres asesoras jurídicas para atender a 21 municipios, lo que resulta insuficiente para garantizar atención a víctimas; esta carencia obliga a muchas mujeres a pagar asesoría legal privada, una opción inaccesible para la mayoría, provocando que numerosos casos de violencia no sean denunciados.
Además, persisten prácticas como el matrimonio forzado infantil y la imposición de roles de género tradicionales: muchas niñas son obligadas a seguir patrones culturales que limitan su desarrollo, y al llegar a la mayoría de edad son frecuentemente relegadas, migrando a campos agrícolas o siendo forzadas a formar familias.
La representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell, destacó que el informe también propone una ruta para resolver estas problemáticas, como reconocer la naturaleza estructural de la violencia que enfrentan las mujeres de la Montaña y, a partir de ello, fortalecer la presencia del Estado.
Principalmente, proveer de apoyo en los rubros de salud, educación, protección institucional y acceso a la justicia con enfoque diferenciado para las mujeres y niñas indígenas, además de garantizar respuestas institucionales inmediatas y efectivas, particularmente en casos de feminicidios, matrimonios forzados y desapariciones.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, abrió este espacio en el que integrantes de Tlachinollan detallaron cifras de feminicidios, matrimonios forzados o desapariciones de las que han sido víctimas niñas y mujeres de diversos municipios de esa región documentados entre 2020 y 2025.
La senadora reconoció que aún existen retos para proteger los derechos de las mujeres, muchas de las cuales no saben que viven en una situación de violencia física, vicaria o de otros tipos en sus entornos, ya que se ha normalizado al grado de que lo “toman con naturalidad”, lo que se observa principalmente en comunidades rurales.
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