La Fiscalía recurrió la decisión de una jueza de Madrid al detectar indicios de obstrucción del juicio contra el empresario y Villarejo, aún por celebrarse, y en el que el comisario denunciante es testigo clave, pero la Audiencia Provincial aprecia en la oferta de dinero para que no se presente "una propuesta poco ética"
El comisario del caso de acoso a la doctora Pinto denuncia que López Madrid ha intentado sobornarle
La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.
Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.
Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid.
“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial.
Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio.
En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.
La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.
“Se ha intentado alterar un proceso judicial”
La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito.
En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio.
Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos.
Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.
La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.
La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.
