En la República Dominicana, gran parte de nuestra identidad nacional se ha construido -para bien o para mal- en relación directa con Haití. No se trata solo de una vecindad geográfica inevitable, sino de una historia compartida marcada por conflictos, asimetrías profundas y una frontera que, lejos de ser un simple límite territorial, se ha convertido en un espacio de tensión permanente. Hoy, esa relación vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, no desde la memoria histórica, sino desde la inseguridad, la migración desproporcionada y la ausencia de una política clara de Estado.
Haití representa para la República Dominicana un espejo incómodo. Su colapso institucional, su crisis política crónica, la pobreza extrema y la violencia descontrolada tienen efectos directos sobre nuestro territorio. La frontera, extensa y porosa, ha dejado de ser una línea administrativa para transformarse en un punto de presión constante. Miles de haitianos cruzan diariamente hacia suelo dominicano, empujados por la desesperación, mientras el Estado dominicano responde de manera improvisada, reactiva y, muchas veces, contradictoria.
Esta desproporción migratoria no es un fenómeno reciente, pero sí ha alcanzado niveles que generan preocupación legítima. No solo por el número de personas que ingresan de manera irregular, sino por la incapacidad del país para absorberlas sin afectar servicios básicos, el mercado laboral, la seguridad y la cohesión social. Cuando el Estado no regula, la informalidad se impone; cuando no hay política, surge el caos. Y en ese vacío crecen tanto el resentimiento social como los discursos extremos.
El problema central no es Haití ni los haitianos en sí mismos. El problema es la falta de una política migratoria y fronteriza coherente, sostenida y transparente. Durante décadas, la República Dominicana ha oscilado entre la tolerancia silenciosa y las medidas drásticas de corto plazo, sin asumir una estrategia nacional clara. Se ha permitido la entrada masiva de mano de obra barata mientras se evade el debate sobre integración, regularización, retorno o control efectivo de la frontera.
Definir una política frente a Haití es, en realidad, definir quiénes somos como nación y hasta dónde llega nuestra responsabilidad. La solidaridad no puede confundirse con la renuncia a la soberanía, ni la defensa del territorio con la negación de la dignidad humana. Un Estado serio debe ser capaz de proteger sus fronteras, registrar quién entra, bajo qué condiciones y con qué límites, sin caer en la improvisación ni en el espectáculo político.
La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie. Requiere inversión, institucionalidad, tecnología y presencia permanente del Estado. Pero también exige una política exterior firme, que involucre a la comunidad internacional. Haití no puede ser un problema exclusivo de la República Dominicana. Pretenderlo así es condenarnos a una crisis permanente.
Mientras no asumamos este debate con madurez, nuestra identidad seguirá definiéndose en negativo: no por lo que somos, sino por lo que tememos del otro. Y una nación que se define desde el miedo termina debilitándose desde adentro. La República Dominicana necesita una política clara hacia Haití, no para negar la historia compartida, sino para garantizar un futuro ordenado, seguro y digno para ambos pueblos.
