Más de mil denuncias de presunta corrupción han sido registradas en los últimos años en la República Dominicana. Decenas de expedientes han sido remitidos al Ministerio Público y cientos han sido enviados a instancias administrativas.
Las cifras existen. Las denuncias existen. Los escándalos existen.
Pero el país sigue sin una ley que regule el procedimiento del juicio político.
La Constitución de 2010 contempla esta figura en su artículo 83, pero dieciséis años después el Congreso Nacional no ha aprobado la norma que permita aplicarla de manera efectiva.
Antes de esa reforma constitucional, el Congreso contaba con mecanismos internos para juzgar políticamente a funcionarios acusados de faltas graves. Hoy el instrumento está reconocido en la Carta Magna, pero carece de reglamentación.
Existe en teoría. No en la práctica.
¿Se trata de olvido legislativo… o de una decisión deliberada?
Resulta legítimo cuestionarlo cuando quienes deben aprobar esa ley son, al mismo tiempo, potenciales sujetos del juicio político.
Es difícil esperar entusiasmo para crear una herramienta que podría utilizarse para exigir responsabilidades dentro del propio sistema.
En los últimos tiempos solo hemos visto intentos aislados de control político, pero no un marco estructural sólido que garantice consecuencias institucionales ante graves irregularidades.
¿Cómo se fortalece una democracia sin mecanismos reales de responsabilidad política? ¿Cómo se institucionaliza un país cuando el poder se regula a sí mismo con timidez?
Nada que limite o fiscalice al poder político parece avanzar con facilidad. Cuando se trata de organizar el sistema partidario, la ley electoral o el juicio político, los avances son lentos y, muchas veces, incompletos.
La democracia no se sostiene únicamente con elecciones. Se sostiene con contrapesos.
Y si el Congreso no asume la responsabilidad histórica de completar este vacío institucional, la ciudadanía tendrá que recordarle, en las urnas, que el poder emana del pueblo y no de los acuerdos internos del sistema.
El juicio político sigue siendo una deuda pendiente.
Por: Ana Jiménez, periodista
