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"Afecta el poder adquisitivo y la estabilidad financiera."
- Nacional La entidad fiscalizadora analizó el periodo entre enero de 2024 y mayo de 2025 con una nueva herramienta, Radar, que permite identificar y alertar sobre altos riesgos en distintos procesos de la administración del Estado.
La entidad fiscalizadora analizó el periodo entre enero de 2024 y mayo de 2025 con una nueva herramienta, Radar, que permite identificar y alertar sobre altos riesgos en distintos procesos de la administración del Estado.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó con su Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (Radar) que algunas municipalidades, gobiernos regionales (Gore) y en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) tienen posibles irregularidades en sus órdenes de compra usando reiteradamente el “trato directo”.
La nueva herramienta de la entidad fiscalizadora es de carácter preventivo con el objetivo de detectar situaciones que podrían representar irregularidades en la gestión pública.
En su primera edición, es que Radar analizó las compras públicas de municipios, Gore y la Subdere entre enero de 2024 y mayo de 2025. Es en esa línea que se identificó la emisión de 556.222 órdenes de compra, con uso reiterado del trato directo o de la contratación excepcional directa con publicidad. Respecto de lo anterior, el monto transado bajo estas modalidades alcanzó más de un billón de pesos ($1.167.244.609.803).
Esto último constituye un riesgo, “pues no de manera constante podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos que justifican el uso de estas modalidades, que la ley califica como excepcionales”, indica el documento de la Contraloría.
Asimismo, se alertó de posibles vínculos entre funcionarios que intervienen en procesos de compra y proveedores de reciente constitución, lo que configura un riesgo potencial de conflicto de intereses, especialmente asociado a operaciones totales por más de $889 millones.
Dentro de las acciones que sugiere la Contraloría a las autoridades edilicias, gobiernos regionales y a la Subdere, está que adopten medidas de control más robustas, fortalezcan sus sistemas internos y prevengan eventuales situaciones que puedan afectar la integridad de la gestión pública.
Además, señalaron que operaciones con mayor riesgo serán fiscalizadas, y si el riesgo se ha materializado, “se perseguirá la responsabilidad administrativa y serán denunciados al Ministerio Público, según corresponda”.
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