Entre la infracción y la sanción, hoy existe una brecha que limita el cumplimiento efectivo de las normas urbanas
En el debate sobre el desorden urbano en Santo Domingo, es frecuente asumir que el problema radica en la falta de normas o en la debilidad de la gestión municipal. Sin embargo, un análisis más riguroso revela una realidad distinta: el Distrito Nacional cuenta con instrumentos normativos, capacidades técnicas y estructuras administrativas que, en términos generales, cumplen con su función de planificación, regulación y fiscalización del territorio.
La Dirección de Planeamiento Urbano, junto a las unidades de supervisión y control del Ayuntamiento del Distrito Nacional, realiza de manera sistemática labores de inspección, levantamiento de infracciones y emisión de reportes técnicos sobre violaciones al uso de suelo, ocupación indebida del espacio público y otras conductas contrarias al orden urbano.
El verdadero punto crítico no se encuentra, por tanto, en la detección de las infracciones, sino en lo que ocurre después: su judicialización.
En la práctica, existe una brecha significativa entre la acción administrativa municipal y la respuesta del sistema de justicia. Esta brecha se manifiesta en tres dimensiones fundamentales: la mora judicial, la limitada especialización de los actores del sistema y la baja inversión institucional en materia de justicia municipal.
En primer lugar, la mora judicial constituye uno de los principales obstáculos para la efectividad del cumplimiento urbano. Procesos que deberían resolverse con celeridad se prolongan durante meses o incluso años, diluyendo el efecto disuasivo de las sanciones.
En segundo lugar, se evidencia una falta de especialización técnica en materia municipal y de ordenamiento territorial dentro del sistema de justicia. Las normas que regulan el uso de suelo, la densidad, la zonificación y la publicidad exterior requieren conocimiento especializado para su correcta interpretación.
En tercer lugar, la inversión en estructuras de justicia municipal sigue siendo limitada, en contraste con la magnitud del desafío urbano del Gran Santo Domingo.
La evidencia internacional demuestra que las ciudades con sistemas de justicia ágiles y especializados logran mayores niveles de cumplimiento normativo y mejor calidad urbana.
En este contexto, la discusión sobre la Justicia Municipal adquiere una dimensión estratégica. No se trata de cuestionar el rol de la administración local, sino de fortalecer el eslabón institucional que hoy limita la efectividad del sistema.
Avanzar en esta dirección implica promover la especialización de jueces y fiscales, fortalecer instancias judiciales y aumentar la inversión en capacidades institucionales.
Iniciativas como la creación de una Mesa Permanente de Justicia Municipal pueden servir como plataforma de articulación entre el Ayuntamiento, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Santo Domingo no enfrenta un problema de ausencia de normas ni de inacción administrativa.
Enfrenta un desafío más complejo: cerrar la brecha entre la fiscalización y la sanción efectiva.
Porque en materia urbana, la diferencia entre el orden y el desarrollo no está en lo que se regula, sino en lo que realmente se hace cumplir.
Por: Giancarlo Vega, regidor del Distrito Nacional.
La entrada Justicia Municipal: el cuello de botella del cumplimiento urbano en Santo Domingo se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
