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- En un comunicado, la ONG señaló que esta resolución judicial marca un paso sustancial en un caso que evidencia los riesgos del uso arbitrario de la fuerza en contextos de militarización.
A casi 11 meses de que Leidy y Alexa fueran privadas de la vida por elementos del Ejército, 13 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron vinculados a proceso por el homicidio de las dos niñas, de 11 y 7 años, así como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 y dos adultos más, todos integrantes de la misma familia, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En un comunicado, la ONG señaló que esta resolución judicial marca un paso sustancial en un caso que evidencia los riesgos del uso arbitrario de la fuerza en contextos de militarización.
Precisó que los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa, cuando la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela y, al percatarse de un bloqueo en la carretera, decidió regresar a su casa.
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Sin previo aviso ni justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército, que circulaba en el carril contrario, abrió fuego contra la camioneta. Inicialmente se informó que se trató de un enfrentamiento, versión que en ningún escenario fue corregida públicamente por las autoridades.
Desde el momento de los hechos, la familia denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza y, acompañada por el Centro Prodh, ha impulsado acciones frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales para exigir acceso a la justicia.
El Centro Prodh explicó que la jurisdicción militar abrió una investigación paralela, situación que actualmente se encuentra bajo litigio por contravenir estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos.
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El 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas de que se habían ejecutado órdenes de aprehensión contra los 13 elementos del Ejército. Durante la audiencia, los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional presentaron pruebas que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, y demostrando que se trató de una actuación dolosa.
Las defensas de los elementos, incluida la Defensa de Oficio Militar, argumentaron que los militares actuaron bajo un contexto de violencia y nerviosismo en Sinaloa.
Sin embargo, el Juez de Control, Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa bajo la figura de dolo eventual, considerando que los militares contaban con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza, existía alta previsibilidad del resultado letal y no se actualizó ninguna causal de exclusión de responsabilidad.
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Los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia, donde expresaron cómo el uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida y reiteraron su interés en que la justicia sea diligente y expedita.
El Centro Prodh expuso que la resolución genera nuevos retos para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe fortaleciendo y perfeccionando la investigación complementaria.
Indicó que el Poder Judicial de la Federación debe garantizar un proceso respetuoso de los derechos humanos, demostrando independencia frente a las Fuerzas Armadas.
“La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío de garantizar verdad y justicia en un caso donde la impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares ha sido recurrente”, señaló el Centro Prodh.
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