Jaime Malamud Goti, uno de los principales arquitectos jurídicos del Juicio a las Juntas, vacila cuando se le habla en términos muy elogiosos de las condenas que en 1985 recayeron sobre las cúpulas militares que llevaron adelante una brutal represión durante la última dictadura militar. Y, sobre todo, de los juicios a los represores que se abrieron luego. No les quita trascendencia, pero es evidente que su entusiasmo es menor al de los muchos que ven en aquella iniciativa impulsada por el gobierno de Raúl Alfonsín un motivo de orgullo de una democracia que, desde que fue recuperada, no ha sido muy pródiga en ellos. La razón, se diría, es la deriva interminable que han tenido esas causas, teñidas además por la intención mezquina de manipulaciones políticas que han desvirtuado lo que originariamente se pensó como un acto de reparación para las víctimas. Y no solo de la violencia ejercida por los militares, sino también de la desplegada por la guerrilla.
La idea de la necesidad de juzgar a los militares responsables de los secuestros, los asesinatos y las desapariciones durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional partió de dos jóvenes filósofos del derecho que desde Friburgo, Alemania –donde habían llegado gracias a sendas becas de estudio–, asistían de lejos a la debacle del régimen Militar tras la derrota de Malvinas, a mediados de 1982: el jurista Carlos Nino, autor del célebre libro Un país al margen de la ley, y el propio Malamud Goti. “Nos dijimos que aquello no podía terminar ahí, sino que había que juzgar esa violencia ejercida desde el Estado. Pensamos que había que juzgar también la aventura de Malvinas, pero nos dimos cuenta de que eso complicaría las cosas y nos enfocamos en las barbaridades que pasaron en el territorio nacional”, rememora Malamud Goti.
Ambos juristas coincidían en que el juzgamiento de los militares era un imperativo moral para un país que debía resurgir de una época tan oscura, pero diferían en el alcance que debían tener los juicios. “Yo siempre pensé que debían tener un límite. Creía que había que juzgar a las Juntas y a los generales –dice Malamud Goti–. Nino quería que se juzgara a todos los militares responsables, incluyendo rangos menores. La suya era una mirada más enfocada en lo jurídico, y la mía incluía también la dimensión política. En un sentido amplio, digo, porque yo de político no tengo nada. A mí me preocupaba que esto se extendiera infinitamente”.
La definición del alcance de los juicios no era un tema menor, porque años después, las circunstancias harían que ese límite fuera establecido por las leyes de obediencia debida y punto final, en cuya forma final talló la política partidaria con consecuencias poco felices.
Cuando regresaron al país, meses después, ambos juristas compartieron su proyecto con otros reconocidos hombres de derecho, como Genaro Carrió y Martín Farrell. Luego ese equipo de lujo llevó la propuesta a los partidos políticos que se enfrentarían en las elecciones de 1983, la vuelta a la democracia. “La idea no entusiasmó a nadie, salvo a Alfonsín”, recuerda Malamud Goti. Alfonsín venció en las elecciones al candidato peronista, Ítalo Luder, que no estaba dispuesto a juzgar a los militares, y eso abrió el camino al juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado y a los principales jefes de las organizaciones guerrilleras.
La idea nuestra era no violar ninguna garantía, ningún derecho a la defensa, de modo que tenían que ser jueces irreprochables
–¿Qué dificultades encontraron durante la preparación del Juicio a las Juntas, tarea en la que usted tuvo un rol protagónico como asesor de Alfonsín?
–La Cámara actuó muy bien. Yo elegí a todos los jueces de la Cámara, se los propuse a Alfonsín, con excepción de uno. Y me cuidé de que los jueces tuvieran un cargo judicial previo, para que nadie dijera que estaban entrando por la ventana. La idea nuestra era no violar ninguna garantía, ningún derecho a la defensa, de modo que tenían que ser jueces irreprochables. Incluso para que no se condenara a ningún inocente. Me preocupaba por otra parte que se respetara el Código Penal en todo el proceso. Y el sistema exigía que primero las cúpulas fueran juzgadas por los propios militares. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas procesó a Videla y a Massera, pero se quedó ahí. Pasados los seis meses, pudimos comenzar el juicio.
–En una entrevista anterior me contó que durante el Juicio a las Juntas Alfonsín tenía miedo de que los militares intentaran un golpe. ¿Existía esa posibilidad?
–Había mucho malestar en las fuerzas. Desde el principio. Sobre todo, de los subordinados hacia los altos mandos. Durante el levantamiento de Aldo Rico, uno de los edecanes de Alfonsín me dijo: “Si estuviera en las filas y mi cargo no fuera este que tengo, me uniría a Rico en su rebelión”. En esa época tuve que viajar a Corrientes y me encontré con un clima muy diferente al de Buenos Aires. Era otro país y otra cultura. La gente consideraba estos juicios una especie de abuso de un grupo partidista.
Luego vinieron las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987). Malamud Goti cuenta que los principios de la obediencia debida fueron muy pensados, pero que la intervención en el Congreso del senador Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, complicó las cosas: a propuesta de Sapag, la ley estableció que la obediencia debida no corría cuando se tratara de “hechos atroces y aberrantes”. Y el problema, dice Malamud Goti, es que todos lo eran.
–Tal vez, si se hubiera limitado desde el principio el alcance de los juicios, estas dos leyes no habrían sido necesarias…
–Probablemente. A mí me importaba que hubiera criterios compartidos entre los jueces, para que los procesos se desarrollaran en forma clara. En este punto, Alfonsín se apartó de algo que para mí era esencial. Dejó que los gobernadores eligieran a los jueces federales de sus provincias, cuando es el presidente el que tiene que proponerlos. Entonces, en lugar de que asumieran jueces capaces con criterios más o menos uniformes, en muchos casos los gobernadores nombraban a jueces pro–militares o dejaban a los que habían nombrado los militares.
Estos juicios se volvieron interminables. Eso demuestra cómo aquí se va desnaturalizando aquello que se crea con un propósito muy claro
–Ya que hablamos de jueces, ¿cómo ve a la Justicia hoy?
–Me parece que, lamentablemente, uno no puede ser optimista en ese plano. Creo que hay muchos jueces lentos, o que especulan con el ascenso y por lo tanto no juzgan cuando corresponde a los funcionarios o legisladores con poder. ¿Cómo puede ser que un juicio dure ocho, diez, quince, veinte años? Y a otros les falta preparación, no son gente muy culta. Estoy generalizando excesivamente.
–El juicio a las Juntas reconcilió a la sociedad con la verdad de los hechos. Podría haber actuado como un principio de reconciliación entre sectores enfrentados, pero no fue el caso.
–Yo creo que hay consenso en cuanto a la justicia del Juicio a las Juntas. Ahora, la aspiración de cerrar las heridas abiertas me parece que era desmesurada. Cuando me preguntan si estoy orgulloso de los juicios, vacilo. Creo que después se contaminaron por intereses políticos.
–Sin embargo, el Juicio a las Juntas es tenido por uno de los grandes logros de esta etapa democrática.
–Sí, claro. Ayudar, ayudó. Pero la Argentina en general tiende a desfigurar las instituciones que crea. Es una compulsión. Hace el esfuerzo, las crea, logra algo y enseguida lo destruye. Estos juicios se volvieron interminables. Eso demuestra cómo aquí se va desnaturalizando aquello que se crea con un propósito muy claro.
–El Juicio a las Juntas ayudó sin duda a que los golpes militares, una realidad recurrente en nuestro país desde la década del 30, hayan dejado de existir.
–Yo creo que sí, que en el fondo ejerció esa función, digamos, disuasiva que uno espera de las condenas criminales. Que otros no repitan lo que hizo el condenado que pasó veinte años en la cárcel. En este aspecto, el Juicio funcionó. La tesis mía para justificar el castigo era la redignificación de aquellos que habían sufrido directa o indirectamente la barbarie de la represión. Eso era también restablecer su condición de ciudadanos.
