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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- Una dura carta dirigida al Presidente José Antonio Kast fue ingresada este miércoles a la oficina de partes de La Moneda.
La misiva es un emplazamiento directo al Mandatario por las decisiones adoptadas por el gobierno en sus primeras semanas en materia de DD. HH. En concreto, en el texto se apunta a las desvinculaciones de tres funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda y los indultos anunciados a uniformados condenados en el contexto del estallido social de 2019.
“Nos dirigimos a usted para manifestar nuestro más enérgico rechazo al despido del Programa de Derechos Humanos, órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, de las abogadas Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos; y de Magdalena Garcés Fuentes, jefa del Área de Búsqueda y Trayectorias, así como de la socióloga Tamara Lagos Castro, jefa del Área de Archivos e Investigación Documental”, dice la carta.
A fines de marzo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tomó la decisión de continuar con este emblemático proyecto de la administración de Gabriel Boric, que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada en la dictadura. Sin embargo, se pidió la renuncia de las tres funcionarias de la instancia, argumentando razones de confianza y que pretende contratar a otros profesionales para desempeñar estas labores.
“El despido, de estas profesionales con quienes las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos han venido trabajando, representan un claro retroceso y pone en peligro la continuidad de los esfuerzos por alcanzar toda la verdad y justicia para los miles de casos de graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en el periodo de la dictadura”, se agrega en la misiva.
Rechazo a indultos y conmutación de penas
En el escrito, las firmantes también manifiestan su rechazo al anuncio de Kast de utilizar su facultad presidencial para excarcelar a exintegrantes de Carabineros y las Fuerzas Armadas.
“Rechazamos categóricamente cualquier intento de otorgar indultos a violadores de Derechos Humanos, ya sea a quienes cometieron crímenes en el contexto del Estallido Social “2019” o a ex agentes de la dictadura civil-militar. Ambas situaciones constituyen graves formas de impunidad que vulneran directamente las obligaciones Internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Avanzar en esta dirección no solo debilita el Estado de Derecho, sino que instala un precedente profundamente peligroso: que la sanción de los crímenes más graves puede quedar sujeta a decisiones políticas coyunturales, relativizando así el principio de justicia y el deber de no repetición", señala.
En el texto, además, se solicita al Jefe de Estado que no respalde el proyecto que se tramita en el Congreso que apunta a la conmutación de penas y que podría beneficiar a condenados pro crímenes de la dictadura que permanecen recluidos en el penal ex Punta Peuco.
“Hacemos un llamado directo a su investidura para que se abstenga de indultar a responsables de crímenes atroces y que, además, no respalde los proyectos de ley que buscan la conmutación de penas bajo el pretexto de “razones humanitarias”. Como bien establece el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los beneficios carcelarios desproporcionados para criminales de lesa humanidad son inadmisibles, pues vacían de contenido las sentencias y constituyen una forma de denegación de justicia", apunta.
Y luego añade: “Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de ‘mano dura’ contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia. No hay ‘dignidad humana’ en permitir que torturadores y genocidas cumplan sus penas en la comodidad de sus hogares sin haber mostrado jamás arrepentimiento ni han entregado información valiosa para la búsqueda de las y los desaparecidos”.
En la parte final del escrito dicen que: “Nos mantenemos en estado de alerta permanente. No dudaremos en denunciar cualquier intento de denegación de Justicia ante los organismos internacionales pertinentes y, de ser necesario, ejerceremos nuestro derecho a la movilización en las calles. Este debate no es solo un asunto de las familias afectadas; involucra a la sociedad en su conjunto, pues lo que está en juego es el estándar ético y jurídico que impide la repetición del horror”.
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