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- Desde hace un tiempo observo con cierta preocupación compartida, cómo algunos “expertos” y supuestos profesionales, en su afán de mostrarse como voces autorizadas y responder a toda entrevista, terminan confundiendo conceptos que deberían ser tratados con seriedad.
Desde hace un tiempo observo con cierta preocupación compartida, cómo algunos “expertos” y supuestos profesionales, en su afán de mostrarse como voces autorizadas y responder a toda entrevista, terminan confundiendo conceptos que deberían ser tratados con seriedad. Se habla de seguridad ciudadana como si fuera lo mismo que seguridad pública o seguridad nacional, y esa ligereza conceptual de repetir conceptos sin saber sus significados simplemente porque están de moda, no solo empobrece el debate, sino que puede tener consecuencias prácticas en la forma en que se diseñan políticas y se orientan instituciones.
La seguridad, como bien lo definió el maestro, héroe y general ecuatoriano Paco Moncayo, es “la percepción de que no hay amenazas que temer o que, de haberlas, se cuenta con los medios suficientes para neutralizarlas o eliminarlas”. Lo que hace este concepto una construcción dinámica que es multidimensional y combina la capacidad real de enfrentar riesgos y la confianza de la ciudadanía en que puede vivir libre de amenazas.
La seguridad nacional, en palabras del citado General Moncayo, es la condición en la que el Estado garantiza su existencia, la integridad territorial, la paz social y su autonomía. Su objetivo es proteger al Estado y a la población frente a amenazas internas y externas, asegurando el cumplimiento de los objetivos nacionales. Aquí hablamos de soberanía, independencia y uso del poder nacional,
La seguridad pública, en cambio, se centra en la acción del Estado para mantener el orden y controlar la criminalidad es la política para garantizar que los espacios públicos puedan ser disfrutados sin percepción de riesgos. Se trata del uso de la fuerza pública y control del orden, que busca evitar que los ciudadanos sean objeto de acciones delictivas. Finalmente, la seguridad ciudadana, según el PNUD, es el proceso de establecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia y permitiendo una coexistencia pacífica, garantizando el Estado de Derecho o estado Constitucional. Es un bien público, inseparable de los derechos humanos, y no se limita al delito: impacta de forma preventiva en la calidad de vida en democracia, produciendo una confianza en que la vida cotidiana puede desarrollarse sin miedo ni violencia.
Confundir estos planos es un error grave. La seguridad nacional protege al Estado; la seguridad pública protege los espacios públicos; y la seguridad ciudadana protege la convivencia democrática y los Derechos Fundamentales. Cada una tiene su lógica, sus instituciones y sus objetivos. Reducirlas a un mismo concepto invisibiliza sus matices y abre la puerta a políticas públicas erráticas.
La diferencia entre seguridad nacional y seguridad ciudadana es que la primera garantiza la existencia del Estado, su soberanía, independencia y defensa frente a amenazas internas o externas, mientras que la segunda se centra en proteger a las personas, sus derechos humanos y la convivencia democrática. Por su parte, la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana es que la pública busca mantener el orden y controlar la criminalidad mediante instituciones estatales como la Policía, mientras que la ciudadana va más allá del control del delito, pues se concibe como un bien público que previene la violencia y fortalece el disfrute de los Derechos Fundamentales. De hecho, las áreas de ejercicio de sus profesionales son distintas: Seguridad Nacional, aborda el pensamiento estratégico, geopolítica, inteligencia, defensa y seguridad integral análisis de riesgos sistémicos y los de Seguridad Pública, la criminología, prevención del delito, policía comunitaria, gestión urbana de seguridad y justicia penal y los de seguridad ciudadana derechos humanos, convivencia pacífica, participación comunitaria,
La seguridad, en su sentido más amplio, es un derecho y un límite. Es derecho porque garantiza la vida en paz; es límite porque impide arbitrariedades y conflictos.
Los autodenominados “expertos” que confunden seguridad nacional con seguridad ciudadana y seguridad pública y otros que invaden campos diferentes a sus expertis, no solo exhiben ignorancia, sino que se convierten en un riesgo en sí mismos. La seguridad no es un eslogan para entrevistas ni un disfraz académico; es un eje vital de la convivencia social y de la supervivencia del Estado. Quien no distingue sus matices no merece debe ser desenmascarado y apartado del debate serio.
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