El relato sobre la rebaja de impuestos a las empresas se repite sin variaciones: se reduce la presión sobre el capital para incentivar la inversión y el crecimiento, con la promesa de que el mayor dinamismo económico terminará recuperando los ingresos fiscales perdidos. En teoría, el argumento tiene sustento. La literatura neoclásica de la década pasada —como el célebre trabajo de Djankov— sostiene que tasas elevadas erosionan la inversión agregada. Bajo esta lógica, un recorte tributario eleva la tasa de retorno neta, rescatando proyectos que antes dormían en la zona de la irrelevancia financiera. En esta línea, los economistas Mertens y Ravn estimaron que una rebaja de un punto porcentual en la tasa corporativa podría expandir el PIB per cápita en un 0,6% a corto plazo. Aplicado a Chile, un recorte de tres puntos nos daría un seductor impulso de 1,8%; música para los oídos en un país con un crecimiento potencial languideciendo al 2%.
Sin embargo, estas cuentas alegres se desmoronan cuando chocan con la realidad del rentismo y la desigualdad. Investigaciones de frontera cuestionan hoy que el ahorro fiscal se transforme mágicamente en chimeneas de crecimiento y productividad. El economista Owen Zidar demostró en el Journal of Political Economy —baluarte histórico del pensamiento conservador— que el crecimiento tras recortes impositivos proviene casi exclusivamente de las rebajas a sectores de menores ingresos, quienes poseen una mayor propensión al consumo. Para las corporaciones y sectores de rentas altas, el efecto en el empleo y la inversión es estadísticamente insignificante. La razón es pragmática: en mercados concentrados, el excedente suele drenarse hacia el reparto de dividendos o la recompra de acciones, no hacia la expansión productiva.
Esta desconexión se repite en el IVA. La evidencia internacional sugiere que las rebajas de tasas suelen tener un “traspaso” incompleto al precio final. En Europa se ha observado una asimetría perversa: mientras las alzas se trasladan de inmediato al consumidor, las bajas son absorbidas por los márgenes de beneficio de las empresas. Así, la exención del IVA a la vivienda corre el riesgo de terminar capitalizada en el precio de venta por las inmobiliarias, diluyendo el impacto social en favor de la utilidad sectorial.
La ortodoxia peca de una ingenuidad estructural al asumir que toda rebaja tributaria deviene en formación de capital. Bajo el estricto prisma del homo economicus, el empresario no tiene el deber moral de reinvertir en el país. Si el retorno es superior en el consumo suntuario, en activos financieros líquidos o en plazas extranjeras, o incluso en elusión tributaria, el capital fluirá hacia allá por diseño de incentivos. No es un juicio ético, es realismo puro: la liquidez no crea por sí sola la oportunidad de negocio.
El crecimiento se juega con una agenda diferente: desarrollar inversiones públicas estratégicas en minería, desalinización, infraestructura y energía solar, junto con incentivos reales para fortalecer nuestro capital humano. La evidencia de los “tigres asiáticos” como China, Taiwán y Corea del Sur es irrefutable: el apoyo estatal selectivo y financiero al sector privado cambió la faz de sus economías. Más que renunciar a ingresos tributarios, debemos usar esos recursos con precisión quirúrgica para producir, finalmente, el salto definitivo en el crecimiento de Chile.
Por Carlos J. García, académico Facultad de Economía y Negocios
Universidad Alberto Hurtado
