Alberto Fujimori, un dictador civil y cruel de Perú, es el nuevo héroe de la juventud mileista. Es lo que se desprende de un tuit de Juan Pablo Carreira, responsable de la flamante -y ridícula- Oficina de Respuesta Oficial. Tal vez porque tiene 29 años y no perdió tiempo en leer la historia reciente (la historia antigua es una causa perdida), Carreira le aconsejó públicamente a Javier Milei que haga lo mismo que hizo Fujimori en su instante de gloria. Carreira subrayó los beneficios de la redacción de una Constitución liberal en el Perú del autócrata ya muerto, pero ignora seguramente que ese mismo Fujimori es quien cerró el Congreso de su país, ordenó el pago masivo de sobornos a políticos opositores, a empresarios y a periodistas, y persiguió implacablemente a los que no aceptaban ni sus órdenes ni sus dádivas. Quizás quien fue la referencia intelectual más importante del liberalismo latinoamericano, el escritor recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, enfrentó en las urnas y, sobre todo, con sus persistentes artículos al déspota peruano. Después de perder el poder, Fujimori pasó en la cárcel la mayor parte de su vida. La política es una profesión que bascula siempre entre la gloria y la ruina. A algunos les niega la gloria, pero a nadie excluye de la ruina. El liberalismo de Fujimori era solo económico; su desapego institucional, su falta de respeto por los otros y su inexistente sensibilidad moral fueron la otra cara del fujimorismo peruano. ¿Es ese el proyecto de país que tienen en mente Milei, Santiago Caputo (jefe político de Carreira), Karina Milei y los líderes sociales que solo miran los necesarios cambios en la conducción de la economía que está haciendo el Presidente? ¿Por qué ningún radical amigo o ninguno de los políticos de Pro que se travistieron como mileístas tuvo el coraje de refutar a Carreira? El calor del poder es más confortable que la coherencia. En los últimos quince días, Milei insultó, difamó y calumnió a dos de los empresarios más importantes del país, Paolo Rocca y Javier Madanes. “Él solo se quiere pelear con los más grandes. No pierde tiempo con los que están en la línea del coro”, explica alguien que suele hablar con el jefe del Estado. Los latigazos verbales de Milei y sus tuiteros fueron mucho más brutales con Madanes, porque este venía de cumplir la ingrata obligación de cerrar una fábrica emblemática de la Argentina, Fate, que perteneció durante 80 años a su familia.
La política es una profesión que bascula siempre entre la gloria y la ruina
La industria argentina perdió 65.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, según un informe de la Unión Industrial. Fate no fue una excepción. Son 65.000 familias; por eso, el número de afectados es mucho más grande que el que consigna el documento de la UIA. La industria argentina está acosada por las importaciones -es cierto-, pero también por la caída del consumo. El problema de las importaciones es que tanto Rocca como Madanes denunciaron dumping o competencia desleal por parte de China, pero ninguno de los dos les explicó a los argentinos de a pie qué significan en la economía esas cosas. El dumping refiere a la venta de productos con precios por debajo del costo para quedarse con el mercado. La competencia desleal podría aludir a los bajos salarios que se pagan en China y a la protección del Estado chino a sus empresas. Rocca y Madanes no cuestionaron las importaciones de Estados Unidos ni las de Europa ni las de Brasil. Solo denunciaron a China, porque el gigante asiático acostumbra a destruir los mercados nacionales cuando irrumpe con sus ventas a todo por dos pesos. De hecho, muy pocos sectores empresarios se quejaron por el reciente acuerdo comercial con Washington y por el tratado de libre comercio con la Unión Industrial. Solo los laboratorios farmacéuticos nacionales, acostumbrados a obtener -y a exhibir- enormes ganancias están haciendo lobby contra el pago de las patentes medicinales; se trata del respeto a la propiedad intelectual por los gastos en investigación y creación de medicamentos en los Estados Unidos o en Alemania, sobre todo.
La industria argentina está siendo afectada también por la caída de la construcción. La obra pública es una nostalgia desde que asumió Milei, pero es igualmente cierto que se derrumbó la construcción privada, aunque no la compra de viviendas. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción? La mayoría está comprando casas o departamentos ya construidos, que se hicieron durante la larga regencia política del kirchnerismo. Era mejor tener ahorros en propiedades que depósitos en los bancos. Inflación e inseguridad jurídica destruyeron el ahorro clásico. Como vemos, son perceptibles todavía las estelas que dejó en la economía el populismo económico kirchnerista. El otro obstáculo de la industria es el derrumbe del consumo, que también afecta seriamente al comercio. Los salarios son actualizados con la inflación, en la mayoría de los casos, pero tal actualización es sobre la inflación pasada. Esto es: la inflación de hoy se financia con salarios que perdieron su poder adquisitivo. Sin embargo, los economistas más serios atribuyen la retracción de los salarios a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Si bien el mayor peso de esos aumentos cayó en el gas, la electricidad y el agua, tales subas tienen un efecto dominó sobre otros servicios, como el costo de colegios privados, bares o restaurantes, entre varios más. Las importaciones, la caída del consumo y la escasa construcción -debe tenerse en cuenta la enorme cantidad de industrias proveedoras de la construcción- son los tres adversarios contra los que batalla la industria nacional.
Regresemos al caso Fate. Es veraz que la industria nacional de neumáticos abastece (o abastecía) solo al 50 por ciento del mercado argentino. Los precios de las cosas aumentan cuando la demanda es mayor que la oferta desde que el hombre descubrió el comercio. Aquí y ahora, las cosas cambiaron radicalmente cuando llegaron los neumáticos chinos. Los neumáticos nacionales bajaron los precios, pero no fue suficiente. Los chinos valen mucho menos, aunque su calidad no está probada aún. La industria argentina podía competir, por el precio más que nada, con importaciones de otros país, pero le resultó imposible hacerlo con los productos de China. No es casual que los gobiernos norteamericanos, sean republicanos o demócratas, están desde hace años obsesionados con poner en práctica una política hostil contra el sistema de competencia de los chinos. Y es igualmente fidedigno, como lo señaló en su declaración la Unión Industrial, que no hay igualdad de condiciones para competir entre la industria nacional y la importación. “·Queremos ser claros, dijo la organización presidida por el empresarios Martín Rappallini: “La industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno”. No existe aún en el país ese buen esquema impositivo, y no existirá mientras no se escriba un acuerdo entre el gobierno federal, las provincias y los municipios para limitar la arbitrariedad de los caudillos cuando establecen los gravámenes a las empresas. “El precio argentino es muchas veces el precio del Estado”, señaló un líder del empresariado. La alusión al financiamiento menciona las altas tasas de interés que las empresas radicadas en la Argentina deben pagar en el mercado financiero local, limitado, y en el internacional. ¿Por qué Carrefour se quiere ir del país, aunque todavía no aceptó el precio que le ofrecen, y por qué varias empresas petroleras extranjeras les están vendiendo sus negocios en Vaca Muerta a compañías argentinas? El riesgo país sigue por encima de los 500 puntos básicos. Bajó mucho, pero esa cifra significa que las empresas que trabajan en el país deben pagar por sus créditos en los bancos internacionales tasas de interés del 7 por ciento. O más. Un argentino se deslumbra ante tanta generosidad de los bancos; para un extranjero es un desastre financiero.
Milei no puede dar marcha atrás con la apertura de la economía porque muchas empresas están invirtiendo para reconvertirse frente a las importaciones. También se lo impide su propia ideología y el hecho, fácilmente comprobable, de que algunos productos nacionales bajaron los precios desde que compiten con los importados. Las condiciones laborales comenzarán a cambiar cuando se ponga en marcha la reforma que acaba de aprobar el Congreso. Aunque la huelga general del jueves tuvo amplia repercusión en la actividad del comercio, la industria y la poca construcción que existe, el descrédito de los sindicatos es cada vez peor. La última encuesta de Poliarquía entre líderes de opinión ubicó a los gremios en el último lugar de la consideración social. Se trata de una encuesta que averiguó la opinión de un grupo muy reducido de referentes sociales, pero es una observación que seguramente representa a una mayoría de argentinos. Un paro general de la CGT tiene nombre y apellido: se llama Roberto Fernández y es el imperecedero líder del sindicato de los colectiveros. Las huelgas triunfan o fracasan según exista o no el transporte público. Las huelgas anteriores contra gobiernos no peronistas, el de Milei y el de Mauricio Macri, tuvieron un módico desenlace porque Fernández decidió que los colectivos salieran a la calle. Y el disfavor social que afecta a los gremios tiene sus razones: el paro general fue convocado después de que los sindicalistas se aseguraron la preservación de la “caja” mediante el aporte obligatorio de los trabajadores. Primero lo primero.
El Gobierno, de todos modos, nunca pierde la oportunidad de mostrar un supuesto fracaso. La ley de reforma laboral, ampliamente apoyada en el Senado y en la Cámara de Diputados, no fue una excepción. ¿Para qué le agregaron en el Senado (no estaba en el proyecto original enviado por la Casa de Gobierno) el artículo que limitaba seriamente el pago de los salarios en casos de enfermedad? ¿Quién lo agregó en la Cámara alta si nadie se hace responsable de esa inclusión? Tres fuentes parlamentarias distintas aseguraron que la autora de ese acto impolítico fue Patricia Bullrich cuando comprobó que le sobraban votos para la aprobación de la reforma. “Apretó el acelerador y se pasó tres pueblos”, describió una de esas fuentes. Para peor, luego el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió en defensa de ese novedoso artículo con argumentos que lo muestran a una distancia muy lejana de la realidad social. Seguramente creyó que lo había ordenado Milei, pero Milei no ordenó nada. Ni siquiera los diputados de Pro se manifestaron a favor de semejante dislate. Cristian Ritondo, presidente del bloque macrista en Diputados, le dijo directamente a Martín Menem: “Esta ley es nuestra ley, pero no podemos avalar ese artículo. Y no lo avalaremos”. Radicales cercanos y peronistas vecinos de Milei anticiparon la misma posición de Ritondo. Adiós al artículo, entonces. Una derrota innecesaria.
Tampoco fue oportuna ni útil aquella divagación del joven mileísta Carreira sobre las bondades de un autócrata que odió la democracia, como lo fue Fujimori. La única suerte de Milei es que no está solo cuando decide ignorar el Estado de Derecho. La diputada kirchnerista santafesina Florencia Carignano desenchufó los micrófonos el día en que la Cámara trataba la reforma laboral. Leopoldo Moreau hizo algo parecido cuando el presidente del cuerpo era el entonces macrista Emilio Monzó; Moreau le arrebató el micrófono a Monzó. Eliminar la posibilidad del debate en un cuerpo legislativo es, digámoslo sin rodeos, un golpe de Estado palaciego. Entre errores y aciertos, entre escándalos y victorias, Milei está caminando sobre la transición entre el viejo y el nuevo orden. El costo político de esos cambios es siempre alto para el Gobierno, a tal punto que resucitó, por un instante al menos, a los dirigentes gremiales, y que ya tuvo violentos encontronazos tuiteros (por exclusiva parte del Presidente) con dos de los más importantes miembros del establishment económico argentino. Un día la gloria concluirá, y es todavía largo el trecho que falta hasta la instauración final del nuevo orden.
