Quizá pueda convenirse en que la ultima dictadura militar, el “Proceso”, constituyó una cesura importante en la historia argentina. Sin duda, hubo un antes y un después. Comienzo con dos estampas, altamente estilizadas pero adecuadas para la cuestión que quiero plantear: cómo el Estado, que debería ser la solución, se convirtió en el centro del problema argentino
Desde fines del siglo XIX y hasta los años sesenta la Argentina fue un país relativamente próspero, con una sociedad móvil e integrada y sólidas clases medias, una política democrática poco republicana pero medianamente satisfactoria, y sobre todo un Estado potente, capaz de desarrollar y sostener políticas de Estado, como la educativa o la inmigratoria.
Los últimos cincuenta años, en cambio, aparecen marcados por la decadencia. Ciertamente, en este medio siglo tuvimos dos treguas, dos ocasiones para cortar este ciclo decadente: la democracia de 1983 y la prosperidad de 2005. Las dejamos pasar. Hoy tenemos una economía estancada, con elevada inflación, desocupación e informalidad, y una democracia que languidece por falta de ciudadanos. Sobre todo, tenemos una sociedad tajantemente escindida, con clases medias que se derrumban y un nuevo mundo de la pobreza que sobrevive como puede, abandonado por un Estado incapaz de afrontar sus obligaciones básicas.
Entre ambas estampas transcurrieron los traumáticos “años setenta”, excepcionales tanto por la oleada revolucionaria iniciada en 1966 como por la terrible represión que desde 1976 llevó a cabo la dictadura, “el Proceso”.
Desde 1983 nos propusimos aprender del pasado, y lo miramos a la luz de una dicotomía: la dictadura y el terrorismo estatal y su opuesto, la democracia y el “Nunca más”, generando un debate todavía no saldado. Pero últimamente -hoy mismo- el presente nos lleva a preguntarnos otra cosa: qué tuvo que ver el Proceso con la situación actual de nuestro Estado, gobernado por dirigentes autoritarios y propensos al patrimonialismo, que ha perdido sus capacidades y es expoliado por un sinnúmero de grupos de comportamiento mafioso.
Nada empezó en 1976. Desde 1930 el Estado potente fue aumentando su injerencia, con acciones guiadas por el interés general pero que inevitablemente beneficiaban a algunos más que a otros. Dos generales presidentes, Justo y Perón, son la clave para entender las variantes de este giro de un Estado que, pese a todo, nunca perdió el control de la sociedad.
Las cosas se complicaron después de 1955, cuando su debilidad política abrió espacios para el crecimiento de los conflictos de intereses. Las diversas corporaciones descubrieron las ventajas de instalarse en los nichos del Estado y desde allí defender sus objetivos, impulsando el decreto o el artículo de una ley que, subrepticiamente, construía una franquicia devenida en prebenda. Los gobiernos militares fueron tanto o más frágiles que los civiles ante lo que terminó siendo una sistemática colonización estatal.
En esta historia hay otro hilo rojo indispensable: la movilización social, que comenzó a manifestarse en 1955 y se mostró plenamente en 1969, con el Cordobazo. Siguió creciendo, alimentada por la epocal ilusión colectiva de un gran cambio y por el crecimiento de grupos políticos -algunos marxistas, muchos peronistas- que adhirieron a la estrategia revolucionaria.
En el cruce de ambas historias, en 1973-cuando se desencadenaba una de las recurrentes crisis cíclicas-Perón volvió al gobierno. Con el Pacto Social intentó restaurar su Estado cuasi corporativo, pero los tiempos eran otros y fracasó. Como fracasó poco después Celestino Rodrigo, que ensayó el camino contrario. En el vacío de poder que dejó Perón y con la doble crisis agudizándose, en marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se instalaron en el poder, con el propósito de acabar con los grupos terroristas y, además, suprimir de raíz las causas que en su opinión los originaron.
Conocemos muy bien la historia del terrorismo de Estado. En cambio, no sabemos mucho sobre la incidencia que esta última y radical dictadura tuvo en el Estado y en las formas de gobernarlo. Mirado desde nuestro presente, parece evidente que nuestros males, si no nacieron allí, se agravaron de un modo irreversible. Y que el Estado comenzó a ser destruido desde el gobierno.
Durante cinco años condujo la economía J. A. Martínez de Hoz. Su discurso liberal ortodoxo tuvo consecuencias no previstas: la especulación de los financistas -la “patria financiera”-,un monumental endeudamiento externo, que heredó la democracia, y la crisis de 1980, cuyos costos pagó el Estado.
Este Estado, que en esa teoría debía ser subsidiario, siguió interviniendo, con algunos cambios que no lo mejoraron. Los regímenes de promoción industrial y regional, que hasta cierto punto eran abiertos, fueron remplazados por prebendas particularizadas, tanto en la obra publica, que creció mucho, como en las empresas estatales, que comenzaron a delegar sus tareas en empresas contratistas elegidas discrecionalmente. Florecieron entonces varios grandes grupos de empresarios locales -Pérez Companc, Macri, por mencionar algunos-más expertos en “mercados regulados” que las empresas extranjeras. Fueron los adalides de la “patria contratista”.
Todos prosperaron a costa de un Estado manejado por las Fuerzas Armadas. Además de los gigantescos programas de equipamiento militar-su eficacia se constató en las Malvinas-, los militares se repartieron el manejo de las empresas estatales y de los grandes emprendimientos, como el Campeonato Mundial de fútbol de 1978. La actuación del almirante Lacoste en el Mundial o el general Suárez Mason en YPF, son algunos ejemplos destacados de esta singular situación colusiva. La colusión a costa del Estado ya existía, pero durante el Proceso se acentuó, anticipando su posterior y espectacular crecimiento en los años democráticos.
Desde otro punto de vista, el Estado fue víctima de un gobierno que, manejándolo a los golpes, dañó la delicada máquina burocrática e institucional, al punto que, desde entonces, no hubo otra forma de conducirlo. Por empezar, fue una singular dictadura sin dictador, pues el poder, sus facultades y sus gajes se repartieron entre las tres armas; sumando la lucha de facciones en el Ejército, resultó una suerte de anarquía feudal, de efectos sobre la burocracia más deletéreos que una dictadura personal.
Por otro lado, la institución estatal, el Estado diurno, se contaminó con las practicas del Estado nocturno, el terrorista. Enrique Groisman ha puntualizado como normas, procedimientos y controles fueron ignorados por quienes en las tareas sucias se acostumbraron a ejercer facultades discrecionales. Esto se transmitió a una burocracia estatal que supo ser bastante buena y con algunas zonas excelentes. El cotidiano ejercicio del poder arbitrario degradó no solo la calidad de los funcionarios sino, sobre todo, el valor de las normas de procedimiento y la ética burocrática, que es parte esencial del funcionamiento del Estado.
Esa fue una de las herencias que el Proceso le dejó a la democracia, junto con una deuda externa impagable y una sociedad que revelaba una escisión ya inocultable. La democracia tuvo grandes desafíos y grandes metas -comer, curar, educar- y sus gobernantes necesitaban que su gran herramienta, el Estado, estuviera en forma. Pero aunque todavía no fuera muy visible, el Estado estaba seriamente dañado. Lo asombroso es que los gobiernos de nuestra democracia contribuyeron, por acción u omisión, a profundizar la destrucción. Lejos de contribuir a la solución, el Estado se convirtió en un problema cada vez más serio.
Recordemos los dos núcleos del problema: la colonización del Estado por los intereses y la destrucción de su núcleo operativo, su burocracia. Con el tiempo se sumaría uno nuevo: su base institucional, el estado de derecho.
En el caso de Alfonsín fue la omisión: la reforma del Estado no estaba entre sus prioridades. Quizá el gobierno no percibió los profundos cambios del país ni las falencias estatales acumuladas. Pero sobre todo, la construcción democrática estaba tambaleante y lo urgente relegó lo importante. En 1987, cuando Alfonsín se decidió a lanzar las reformas del Estado, ya no tenía el poder necesario para llevarlas adelante.
Ese poder lo tuvo Menem, junto con una sorpresiva determinación para tomar el toro por las astas. Grandes decisiones, como las privatizaciones, la reforma laboral o las desregulaciones, fueron por un camino novedoso, sobre todo cuando Domingo Cavallo encontró en la Convertibilidad una forma de estabilizar la economía. Por otro lado, la reforma constitucional de 1994, realizada con amplio consenso, consolidó la legitimidad del Estado de derecho.
Menem mostró menos empeño en enfrentar la colusión de intereses -que se desplegó en la “carpa chica” con el exculpatorio ”robo para la Corona"- y no dudó en repartir beneficios para convencer a los remisos a apoyar sus reformas. Pero todo funcionó relativamente bien durante su primer gobierno. En su segundo período, que pretendió extender a un tercero, los proyectos reformistas, y aún el mantenimiento de lo hecho, perdieron importancia, mientras crecía la colusión. El impulso reformista se detuvo, los frenos reaparecieron y finalmente todo el edificio se derrumbó estrepitosamente.
No fue sobre sus espaldas sino sobre las de su sucesor, Fernando de la Rúa. En 1997 llegó a la presidencia al frente de una Alianza política poco consistente, qué él condujo torpemente. Es imposible saber si un presidente más experto hubiera podido evitar la caída de la Convertibilidad y la espectacular crisis de fines de 2001.
La crisis puso a la vista de todos los profundos cambios de la sociedad, la concentración de la riqueza, la fragilidad de las clases medias y sobre todo la dimensión del mundo de la pobreza, al que el Estado no podía ofrecerle ni siquiera los servicios básicos: seguridad, salud, educación. Duhalde salió del paso con los Planes sociales, volviendo a la prehistoria del estado de bienestar e iniciando un caminos de consecuencias no imaginadas.
La otra parte del problema -los que viven del Estado- se desplegó ampliamente, y de un modo original, durante el gobierno de los Kirchner. En este terreno, Néstor fue un innovador, un revolucionario, que construyó un régimen en el que el poder se convertía en dinero, y este en más poder. Una cleptocracia, envuelta en un discurso popular. Hoy conocemos con detalle los mecanismos del saqueo; no es necesario recordarlos.
Sí vale la pena recordar que los dirigentes predican con el ejemplo. Los Kirchner ya no están, ni hay una dirección centralizada, pero han proliferado los grupos que, cada uno en su escala, reproducen el mecanismo: alguien se instala en una oficina del Estado con una caja interesante y habilita un mecanismo para vaciarla en el bolsillo de su socio externo. Un politólogo húngaro, el doctor Magyar, ganó fama por acuñar un concepto que aplica a los estados post soviéticos: “el Estado mafioso”. Vaya novedad; los argentinos lo conocemos muy bien.
A veces nos preguntamos cuándo empezó esto. Para un historiador es una pregunta imposible: todo comenzó mucho antes de lo que se cree. Pero a veces, el ciudadano historiador se siente tentado a dar su opinión. Personalmente estoy convencido de que, si hemos de fijar una fecha simbólica, quizá conmemorativa, del inicio de la debacle estatal, ésta ha de ser el 24 de marzo de 1976.
