En una sociedad organizada bajo un Estado de derecho, el poder no debería ser anónimo. Sin embargo, en la práctica cotidiana, cada vez resulta más frecuente encontrarnos con decisiones que afectan profundamente la vida de los ciudadanos, sin que exista un rostro visible que asuma la responsabilidad por ellas.
Una obra mal ejecutada, una autorización irregular, una omisión administrativa, un contrato firmado sin el debido rigor… detrás de cada una de estas actuaciones hay personas concretas que decidieron, aprobaron o dejaron de actuar. Pero cuando surgen las consecuencias, esas mismas personas desaparecen, refugiadas en el manto protector de una institución pública o privada.
El estado posee un aparato institucional poderoso: cuenta con la fuerza pública, la capacidad investigativa del Ministerio Público, recursos técnicos como peritajes y laboratorios, acceso privilegiado a información y el ejercicio legítimo del poder coercitivo. Frente a esa estructura, el ciudadano se encuentra en una posición de desventaja estructural.
No solo enfrenta decisiones que pueden afectarle profundamente, sino que, en muchos casos, ni siquiera logra identificar con claridad quién debe responder por ellas.
Entonces ocurre lo absurdo: responde el estado, responde la institución, responde el presupuesto público… pero no responde quien tomó la decisión.
Un ejemplo cotidiano lo ilustra con claridad. Hace unos días, al visitar a un ciudadano que atraviesa una situación angustiante, este rompió en llanto al explicar que había invertido todos los ahorros de su vida en una propiedad, confiando en la aparente legalidad del proceso.
Hoy, se encuentra al borde de perderlo todo. Cuando intenta buscar respuestas, nadie asume responsabilidad: ni el agente que promovió la operación, ni quienes intervinieron en el proceso, ni la estructura que permitió que todo ocurriera. Solo queda él, frente a un sistema sin rostro, enfrentando las consecuencias de decisiones que otros tomaron.
El problema no es solo jurídico; es profundamente humano y ético. La institución, que debe servir como garantía de organización y legalidad, termina siendo utilizada como escudo de impunidad. Se diluye la responsabilidad individual en una estructura abstracta que, en lugar de esclarecer, confunde.
En el ámbito del derecho administrativo, esta realidad plantea una distorsión peligrosa. Si bien es cierto que el estado puede ser responsable patrimonialmente por los daños causados por sus órganos, también lo es que existen mecanismos para perseguir la responsabilidad personal del funcionario que actúa con dolo o negligencia grave.
Sin embargo, estos mecanismos rara vez se activan con la firmeza que la situación exige.
En la práctica, el ciudadano se enfrenta a una doble carga: primero, luchar durante años para que se reconozca el daño causado por una decisión administrativa; y luego, resignarse a que la consecuencia recaiga únicamente sobre el erario, sin que exista una sanción efectiva contra quien originó el perjuicio.
A esta realidad se suma un elemento aún más preocupante: muchas de las sanciones impuestas a las instituciones públicas como los astreintes por desacato o incumplimiento de decisiones judiciales no recaen sobre quienes provocaron la falta, sino sobre el propio Estado.
En términos simples, terminan siendo pagadas con fondos públicos, es decir, con el dinero de todos los ciudadanos. Así, el funcionario incumple, la institución es condenada… y la sociedad paga.
Se configura entonces una paradoja difícil de justificar: el responsable directo no asume las consecuencias de su actuación, mientras el ciudadano, que es la verdadera víctima, carga también con el costo económico del incumplimiento.
En el sector privado ocurre algo similar. La personalidad jurídica de las empresas, concebida como herramienta para facilitar el desarrollo económico, es en ocasiones utilizada como barrera para evitar que se identifique al verdadero responsable de actuaciones irregulares.
Así, decisiones tomadas por individuos concretos quedan diluidas en la estructura corporativa.
Este fenómeno tiene un efecto devastador: erosiona la confianza ciudadana. Cuando la sociedad percibe que nadie responde, que las decisiones no tienen consecuencias personales, se debilita la credibilidad en las instituciones y se fortalece la idea de que el poder opera en una esfera ajena al control real.
Pero hay un elemento aún más profundo que no puede ser ignorado: la dignidad humana. Cuando el ciudadano se enfrenta a un poder que decide sin dar la cara, que incumple sin consecuencias y que diluye la responsabilidad en estructuras impersonales, no solo se vulnera el Estado de derecho; se lesiona su dignidad.
Se le reduce a un expediente, a un número, a un trámite sin rostro frente a un poder igualmente sin rostro. Y ningún sistema jurídico puede considerarse justo si coloca al ciudadano en esa condición.
No puede existir un verdadero estado de derecho donde el poder no tenga rostro. La autoridad implica responsabilidad, y la responsabilidad debe ser personal, identificable y exigible. No se trata de debilitar las instituciones, sino de fortalecerlas a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Es necesario avanzar hacia una cultura jurídica donde firmar una decisión no sea un acto mecánico, sino un compromiso consciente con sus consecuencias. Donde el funcionario entienda que su actuación no se diluye en el aparato estatal, sino que lo compromete directamente. Donde la empresa no sirva de refugio, sino de estructura responsable.
Porque cuando todos deciden, pero nadie responde, el ciudadano queda solo. Y un estado en el que el ciudadano está solo frente al poder, es un estado que ha comenzado a perder su esencia.
Ponerle rostro al poder no es solo una exigencia jurídica: es una condición mínima para respetar la dignidad humana en una sociedad democrática.
