A mediados del año pasado estuvo clara la importancia del 2026 por las elecciones de segundo grado que se celebran para elegir miembros del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, jefe del Ministerio Público y Contralor General de Cuentas. Instituciones clave para el futuro de Guatemala toda vez que en 2027 habrá elecciones generales (de primer grado) para elegir presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y alcaldes. A diferencia de las elecciones de primer grado, que son por el voto directo del ciudadano, las de segundo grado derivan de Comisiones de Postulación; figura legal creada con las mejores intenciones, integrada por profesionales nombrados por instituciones académicas y profesionales, que fueron manoseadas y tergiversadas.

En 2023, la elección de un presidente ajeno al sistema, contó con el apoyo y participación activa de siete pueblos indígenas, liderados por 48 Cantones de Totonicapán. Acción que sacó de su letargo la conciencia cívica de los ciudadanos, profesionales y colegios profesionales por igual. Despertar que cambió la dinámica tradicional de profesionales corruptos y la giró 180° hacia honorables y éticos, que de a poco, asumieron cargos en entidades clave para mejor elegir a sus representantes. Aquello no fue una regla, pero como si lo fuera, tuvo una excepción: la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) a la que, en su calidad de pública, constitucionalmente corresponde nombrar representantes en distintas instituciones del Estado.

Excepción que saltó en 2022 cuando, en la elección para rector, el decano de Humanidades en vulgar sarcasmo a su asumida formación académica, corrompió el proceso y se impuso como “rector electo”, con control del Consejo Superior Universitario (CSU) integrado por 41 representantes, en su mayoría, afín al usurpador. Miembros a quienes hace más de un año venció el período para el que fueron electos.

Sin embargo, y al amparo de la sobajeada autonomía universitaria de la que goza la Usac, el usurpador se niega a dar posesión a una veintena de nuevos integrantes con el fin de mantener su poder y capacidad de elegir magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC). Papelón consumado el pasado lunes 16.

La fraudulenta elección en 2022 tuvo el conveniente apoyo del Ministerio Público, cuya jefatura ha sido controversial a lo largo de casi 8 años de manejo; período que vence en mayo próximo. Así las cosas, era necesario pactar que la Usac oportunamente le elegiría magistrado a la CC, titular o suplente, no importaba (se postuló para ambos puestos), pues lo vital era contar con la inmunidad propia del cargo… Arreglo tácito que se desbarató la semana pasada, por lo que el lunes 16Feb2016, el sumiso CSU eligió a los magistrados titular y suplente que más convienen al rector.

En mi calidad de sancarlista, protesto por ese actuar ridículo, corrupto y falto de ética que, además, considero legalmente inadmisible. De sus 41 miembros, 29 detentan cargos vencidos. Es decir, más de la mitad está usurpando funciones que no le corresponde. Solo el “rector” y 11 integrantes ejercen períodos “legalmente” vigentes. En otras palabras, se trata de un cuerpo colegiado espurio, por lo que sus decisiones no son válidas; en lenguaje jurídico son nulas ipso jure.

Discernimiento que cualquier juez, en pleno ejercicio de su judicatura, podrá determinar.