Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
He quedado boquiabierto al enterarme de los pormenores de la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deivi Timoteo Peguero, quien en una acción que podría calificarse de irracional, dejó en libertad al joven Jean Andrés Pumarol Fernández, responsable de la muerte de la señora Ivonne Handal, así como de las heridas a otras 5 personas.
Mal podría desde un escritorio, y sin acceso a todos los elementos de este juicio, emitir yo algún veredicto sobre la responsabilidad o no del acusado. Lo que sí es irrebatible es que, bajo ningún concepto, Jean Andrés Pumarol Fernández, debió ser dejado en libertad y devuelto a la sociedad, o peor aún a quienes lo tenían a su cargo.
La peligrosidad que representa el acusado no está en discusión, y es por ello por lo que habría de preguntarse, ¿qué medidas tomó el juez para prevenir que tan brutal acto no se repita?
De hecho, esa decisión de reasentarlo a la vida común se podría interpretar como una prueba de que el acusado sí entiende y entendía las consecuencias de sus actos, pues es el propio juez que cualifica su estado mental al ponerlo en libertad, o sea, tácitamente lo devuelve a la sociedad y con ello afirma que este cabe en la misma con todos sus deberes y derechos, un contrasentido.
Un hecho de sangre como este no puede ser tratado como riña de bar, hay seres humanos que han perdido para siempre un ser amado, y la justicia no ha actuado con la rigurosidad y profundidad debidas.
Aceptar la determinación del juez sin cuestionar la oquedad de esta, podría abrir puertas difíciles de cerrar. En una sociedad donde hay diagnósticos médicos a la carta, mañana si las sentencias son libertad pura y simple, veremos cómo, alegar demencia será un deporte.
Pero claro, no se sorprendan si al decir estas cosas resulta que como decía Kinito Méndez:
El loco soy yo.
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