El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado a cadena perpetua en la víspera por su breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, se disculpó este viernes por los estragos y sufrimiento causados, pero defendió sus actos, asegurando que el único objetivo del decreto era salvar a la nación.
Yoon fue condenado en primera instancia a una vida en prisión por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que juzgó que sus actos constituyeron insurrección, al movilizar tropas en el Parlamento nacional y sumir al país en su peor crisis en décadas. El fallo señalaba expresamente que el punto central del caso se situaba en el despliegue militar durante la ley marcial, con el que Yoon habría buscado paralizar las funciones de un órgano constitucional, dictaminó el tribunal.
"Es difícil aceptar la lógica de que la movilización de tropas a la Asamblea Nacional equivaliera a una insurrección", dijo hoy Yoon en un comunicado compartido por su equipo legal y recogido por medios como la agencia local de noticias Yonhap. "Mi juicio y decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre fueron exclusivamente por el bien del país y el pueblo", señaló el exmandatario, que añadió: "Si bien fue una decisión para salvar a la nación, pido disculpas sinceras al pueblo por haberles hecho experimentar tanta desesperación y sufrimiento".
El exmandatario no ofreció en el texto ninguna pista clara sobre si se plantea apelar la sentencia, pero sí cuestionó su utilidad, alegando que no es posible asegurar la independencia judicial. La defensa de Yoon había declarado previamente que tomaría una decisión sobre una potencial apelación tras consultar con él.
El equipo especial de la Fiscalía que lleva el caso sí anunció que apelará la sentencia. La acusación había pedido la máxima condena, la pena de muerte, para la que existe una moratoria en el país.
Yoon, que ya se encontraba en prisión mientras esperaba el fallo, declaró ley marcial en la noche del 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue bloqueado por el Parlamento unas horas después. El expresidente fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al considerar que no había indicios de una situación de emergencia que justificara el decreto.
