Uno de los documentos que más falsifican los proveedores del Estado dominicano en las contrataciones de bienes y servicios es la garantía de fiel cumplimiento que deben presentar al momento de participar en una licitación, según reveló este jueves el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
El funcionario sostuvo que el Estado no puede continuar recibiendo garantías de fiel cumplimiento, las cuales en ocasiones no tienen ningún respaldo y dejan a las instituciones contratantes sin la posibilidad de poder ejecutarlas porque la compañía que la emite no tiene solvencia en ocasiones.
El funcionario, quien habló durante un encuentro organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), comunicó que la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que entró en vigencia a finales de enero pasado, eleva los estándares de cumplimiento.
“Vamos a extirpar la cultura del incumplimiento y eso requiere que las entidades contratantes ejecuten las garantías y vamos a avanzar a la calidad de esas garantías”, sentenció.
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Dijo que no puede haber desidia ni temor por parte de los funcionarios al momento de rescindir un contrato por incumplimiento, explicando que para romper un acuerdo por ese motivo se agota un debido proceso y se deja sin efecto de manera unilateral.
“No se puede continuar en una administración donde el incumplimiento contractual no ejecuta una garantía de cumplimiento y donde no se rescinde un contrato por incumplimiento y, mucho menos, le informa al órgano rector cuando hay incumplimiento para que se pueda agotar el debido proceso y establecer las sanciones correspondientes”, afirmó.
Nueva ley
Durante su ponencia, el titular de Contrataciones Públicas destacó las bondades de la nueva norma, entre ellas el reforzamiento de la producción nacional mediante un incremento de la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las licitaciones, pasando de un 20 % en la ley anterior a un 30 % en la vigente.
De igual forma, resaltó el incremento desde un 5 % a un 10 % de la participación de las mipymes lideradas por mujeres.
El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que la normativa constituye un hito en el proceso de modernización del Estado dominicano, al redefinir la relación entre el sector público y sus proveedores y fortalecer la contratación pública como instrumento de desarrollo, eficiencia y creación de valor para la sociedad.
