Hace cuatro décadas ya comenzamos a hablar del “consenso del Nunca Más”. Primero, a partir del extraordinario trabajo de la Conadep y, luego, con la celebración del Juicio a las Juntas. La idea, que a tantos nos impresionó tan bien desde un principio, no estaba exenta de ambigüedades, pero no supimos, o quizás no quisimos, detectar tales imprecisiones. En su sentido más estricto, la frase sobre el “consenso del Nunca Más” importaba la condena (que entonces era casi unánime) de lo hecho por la dictadura, con todo lo que eso implicaba: no a la tortura, no a los campos de detención, no a la concentración del poder y sus consiguientes abusos, no a la censura, no a la persecución de opositores, no a la prohibición de partidos políticos y sindicatos, etc. En este sentido, la crítica política que encerraba la frase y la historia del país iban de la mano: al marcar nuestro profundo rechazo colectivo a todo lo que la dictadura había hecho (al gritar al cielo “nunca más”), estábamos rechazando, de una forma extensa y profunda, todo un modo de hacer política, que era el que la dictadura había representado en su forma más extrema.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el repudio casi unánime a lo hecho por la dictadura y la historia argentina dejaron de aparecer superpuestos. En esta segunda etapa comenzó a tornarse posible confinar la idea de “consenso del Nunca Más” a ese tiempo particular que había ocupado la dictadura, entre 1976 y 1983. Decir “nunca más”, entonces, significaba decir “nunca más a la dictadura del Proceso”; o también, de manera similar, “juicio y castigo a los responsables de los crímenes masivos”. Mientras tanto, por otro lado, y en la medida en que se profundizaba la cisura entre política e historia, comenzaba a hacerse posible entender el “consenso del Nunca Más” en un sentido también más amplio, que no necesitaba anclarse (de manera excluyente) en la pasada dictadura. Entonces, decir que se suscribía el “consenso del Nunca Más” pudo significar el rechazo a ciertos modos del ejercicio del poder, que habían emergido durante la dictadura, pero que también podían tornarse visibles bajo el imperio de una forma de gobierno democrática. De acuerdo con este sentido más amplio, proclamar “nunca más” implicaba decir nunca más a las torturas, a los abusos de poder, a la represión de las minorías, a la discriminación y el maltrato públicos hacia los más débiles, etc., aun si aberraciones tales resultaban cometidas en democracia, por gobiernos elegidos popularmente. Muchos –quizás con torpeza, quizás con ingenuidad– tendimos a leer el “consenso del Nunca Más” de ese modo. Quizás, sin que lo advirtiéramos, nos ganó la voluntad de que así fuera: queríamos creer que esta lectura posible del “consenso” era la apropiada, porque así debía ser, conforme a nuestra (digámoslo así) filosofía política.
Políticamente, las diferencias entre las lecturas “estrecha” y “amplia” de la idea del “consenso del Nunca Más” se tornaron cada vez más notorias. Una ilustración saliente de las implicaciones de esas diferencias apareció con la llegada del nuevo siglo, cuando representantes de uno y otro bando quedamos enfrentados a partir de nuestras comprensiones diferentes del fenómeno. Típicamente, muchos vieron al nuevo gobierno que llegaba al poder como ejemplar representante del legado del “Nunca Más” (versión estrecha): se trataba de una administración que cada día invocaba los derechos humanos como guía de su acción, y que, además, o sobre todo, tomaba iniciativas destinadas a hacer posible la condena a los crímenes cometidos por la dictadura (crímenes que habían quedado impunes, a resultas de las –así llamadas– leyes del perdón: punto final, obediencia debida, indultos). Algunos otros entendimos que esa misma administración, en cambio, incurría en faltas graves que implicaban, en los hechos, la deshonra o el directo abandono de los ideales del “Nunca Más” (versión amplia). Así, en su hostilidad hacia las comunidades aborígenes (i.e., los miembros de la comunidad qom, en Formosa); en su sistemática represión de la protesta social (a pesar de la retórica de respeto que se invocaba), o en su creciente (y finalmente antidemocrática) proclividad hacia la concentración del poder, por ejemplo.
Pues bien, desde entonces, el tiempo no ha dejado de pasar –han transcurrido ya 50 años desde la llegada de la dictadura– y, como era esperable, ha seguido haciendo de las suyas. Nos encontramos hoy en lo que podríamos llamar una tercera etapa de la vieja discusión expuesta. Los acalorados debates que supimos tener, hasta ayer, en torno a lo que significaba el “consenso del Nunca Más” (¿seguir embistiendo contra la dictadura del 76 o enfrentar toda violación de derechos básicos?) nos implicaban de lleno, con todas nuestras diferencias, y a pesar de ellas, porque nos encontrábamos emocionalmente involucrados con el pasado: lo ocurrido nos resultaba demasiado cercano, tocaba nuestras fibras más sensibles. De un modo u otro, nos emocionaba. Ese vínculo íntimo que teníamos con la historia anterior ya se disolvió. Hoy, aquel particular debate en torno al “Nunca Más” parece meramente “intelectual”, más que esencialmente “emocional”. Se trata de una discusión que parece quedar demasiado lejos de las nuevas generaciones. Eso puede resultarnos triste o lamentable, pero, simplemente, es así, es el devenir de la vida. Nada de lo que sorprenderse: hoy las emociones (los sufrimientos, los deseos) están vinculadas a causas que no necesariamente van a superponerse con las que nos conmovían a nosotros 40 o 50 años atrás.
A sabiendas de que los tiempos han cambiado mucho –y, por tanto, que el “contexto de recepción” de nuestras discusiones ha variado mucho también–, no nos queda sino la alternativa de hacer un esfuerzo por vincular los principios en los que creímos siempre, con las fuentes principales de las angustias presentes. Ello puede significar, para muchos de nosotros, preguntarnos cómo es que aquellos viejos debates se traducen a la actualidad: ¿a qué debemos decirle hoy “nunca más”? Al respecto, posiblemente, necesitemos reflexionar sobre por qué hoy es importante oponerse al giro antidemocrático que prima en una parte significativa de Occidente (para oponernos, así, a la oleada antiinstitucional, antiintelectual, que vivimos); por qué sigue siendo relevante rechazar la concentración del poder (y así, las leyes aprobadas sin discusión pública o de espaldas a la sociedad); por qué debe resistirse la visión mercadocéntrica de nuestra comunidad, o por qué necesitamos frenar el eufórico desdén dominante hacia los bienes comunes. Nos encontramos ante una tarea difícil, pero no novedosa. Finalmente, se trata de una misión que está con nosotros desde el inicio de la modernidad: pensar democráticamente acerca de las bases y los límites que son necesarios para seguir haciendo posible la vida en común.
