La gobernante encargada, Delcy Rodríguez, pasó de cambiar ministros y funcionarios y reubicar a otros a iniciar una especie de “limpieza” en el aparato gubernamental con la eliminación de siete entes públicos, entre misiones y fundaciones.
De acuerdo con copia de la Gaceta Oficial extraordinaria, de fecha 9 de febrero, Rodríguez ordenó suprimir la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz (creada por Nicolás Maduro en 2015), la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, ambas constituidas en 2016.
Por decisión del interinato fueron eliminadas igualmente la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), creadas durante el gobierno de Hugo Chávez, además de la Fundación José Félix Ribas.
Una medida llamativa que incluyó el decreto 5.248, fue la liquidación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado el 7 de octubre de 2013, como ente adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre «la actividad enemiga interna y externa».
El objetivo, de acuerdo con el interinato, es «adaptar la estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social«. En redes sociales, las medidas se atribuyeron a un “desmontaje” de instancias creadas por Maduro y Chávez y se apostó porque solo sería el comienzo de cambios más relevantes.
El partido Primero Justicia, por ejemplo, habló del «desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo» y exigió a Delcy Rodríguez ir más allá, si quiere hacer creer que existe cooperación y reconciliación con el país.
Administración pública debe ser reestructurada
“Estos cambios pueden atribuirse en principio a un factor de sostenibilidad económica, quizás a su irrelevancia institucional, en general son dependencias poco relevantes. El tutelaje de Estados Unidos se centra ahora en el tema petrolero”, opinó el experto en políticas públicas sobre las medidas.
Pero el profesor universitario advierte que para la Presidencia encargada será “dificultoso” desmontar la estructura clientelar existente por los compromisos adquiridos, por lo que harán falta medidas más eficientes y profundas.
La Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra fue creada el 13 de diciembre de 2016, durante el primer periodo de Maduro. Nació, de acuerdo con el Despacho de la Presidencia, con el propósito de incluir a la juventud “en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia”. Es uno de los entes liquidados por Rodríguez, a partir de este 9 de febrero.
“La administración pública en Venezuela necesita una reestructuración total en sus tres niveles político territoriales. En mi opinión, a partir del año 2000 se inició en el país un proceso de centralismo y concentración en el tratamiento de los asuntos públicos que terminó con la burocratización absoluta del gobierno. La participación fue sustituida por una serie de organismos y consejos que terminaron asfixiando las iniciativas populares e imponiendo criterios clientelares”, sostuvo González Marregot.
A su juicio, no basta con la eliminación de tres o cuatro entidades públicas, sino que se trata de diseñar y ejecutar un programa de reestructuración de la administración pública, basado en la descentralización, la desconcentración y el establecimiento de convenios de gestión con el sector privado, “sin ningún tipo de complejos”.
Hace falta más
La Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz aparece en la Gaceta Oficial extraordinaria como el primero de los entes cuya eliminación se ordena. Fue creada el 11 de septiembre de 2015, con el objetivo “no exitoso”, destacó la ONG Provea, de impulsar la constitución de una nueva frontera, reforzando y mejorando la seguridad en esas zonas, las condiciones de la población y su capacidad productiva, lo cual permitiría proteger a las comunidades que viven en las zonas fronterizas del paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz entre los pueblos.
Sin embargo, en el artículo 2 del Decreto 5.248 se aclara que la ejecución de los fines y objetivos de dicha misión se trasladan al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Un elemento crucial es el establecimiento de procesos de transparencia y rendición de cuentas que de paso están incluidos en el marco constitucional, pero que el gobierno no aplica. En realidad, la actitud del gobierno pareciera apuntar hacia otro lado”, dijo González Marregot.
Enfatizó en que si el gobierno, ahora bajo la figura de interinato, quiere mejorar el aparato público y, por ende, las políticas públicas, debe actuar en sentido contrario a todo lo que se ha hecho hasta el presente, es decir, eliminando la exclusión y el clientelismo e impulsando la descentralización de acuerdo con el artículo 184 de la Constitución.
Uno de los programas emblemáticos de Hugo Chávez, no exento de críticas por la falta de transparencia, fue la Fundación Propatria 2000, creada el 4 de octubre del año 2000, durante los primeros años del gobierno del líder fallecido. A través de dicha instancia se ejecutaban obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y proyectos especiales como los conocidos gimnasios verticales que hoy se levantan en cada zona de Caracas.
Hoy dicha Fundación también queda eliminada y deja atrás una estela de denuncias por sobreprecios, obras inconclusas, transferencias sospechosas y desvío de recursos a contratistas cercanos al Ejecutivo.
“Hay que reducir el tamaño de la burocracia pública, potenciando los gobiernos regionales y locales, reagrupando al personal y eliminando la serie de consejos burocráticos que solo sirven para dividir a la población. Sin embargo, no pienso que esas sean las prioridades de la actual administración gubernamental”, agregó González Marregot.
¿Menos control?
Sobre la liquidación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) hay escepticismo, pues fue concebido para “proteger la seguridad nacional y neutralizar planes desestabilizadores en Venezuela”.
En su momento, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, denunció que dicho organismo venía a criminalizar la libre opinión, controlar el flujo de información y establecer censura sobre el periodismo.
Desde la ONG Transparencia Venezuela igualmente se alertó que el Cesppa tenía la potestad de clasificar documentos y datos del Estado como “secretos”, lo cual podía ser usado para ocultar información de interés público, violando el derecho a la información.
Hoy el CNP considera que la eliminación del Centro es un paso importante, pero insuficiente sin el cese de la persecución política. El activista de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, comparte esta posición y advierte que los derechos a la libre expresión e información aún no están a salvo en Venezuela, luego de la extracción de Maduro el pasado 3 de enero.
“La mayoría de los bloqueos, presiones y persecuciones se mantienen. Algunos medios han podido avanzar solo uno o dos milímetros en algunos titulares que pueden leer y entrevistados que pueden tener, pero solo eso. Los periodistas siguen trabajando en un entorno de amenaza y riesgo. Sobre todas las cosas se mantienen periodistas presos -cuatro según el Sntp- y otros con medidas cautelares inaceptables para poder atemorizar al resto del gremio”, subrayó el comunicador social.
A su juicio, no está claro si el Cesppa fue eliminado realmente o si fueron distribuidas sus competencias y capacidades a otros entes. De hecho en el tercer considerando del decreto de Delcy Rodriguez se señala que el objeto de los organismos y fundaciones suprimidos fueron asumidos por otros entes del Estado.
“El Estado no es transparente, no rinde cuentas y abusa del dinero público, así que de este organismo no hay informes, presupuestos, nóminas ni organigramas públicos; por lo tanto, su trazabilidad se hace más que opaca. No podemos especular si realmente ha sido eliminado o si se trata de un cambio estético. El Cesppa es parte del aparato represivo del Estado y ese aparato al día de hoy sigue intacto porque los principales perpetradores se mantienen impunes y operativos”, recalcó Díaz.
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